Poco nuevo bajo el sol; los bandoleros son típicos de nuestro país desde mucho antes de Curro Jiménez; de hecho, ya en época romana se quejaba Tito Livio de los salteadores de caminos de la provincia bética, aquí al lado. Y lo de hacerlo con el beneplácito de la autoridad está inventado desde que a reyes europeos se liasen a conceder patentes de corso, un oficio no sólo lucrativo sino tan respetable que algunos corsario llegaron incluso a la nobleza, como en el caso de Sir Francis Drake.

Lo novedoso que nos ha traído el siglo XXI, no obstante, es ese toque anónimo e impersonal de las nuevas tecnologías, que permiten dar el sablazo a distancia y sin posibilidad de que la víctima se revuelva. Además de los sibilinos mecanismos de autojustificar hasta las medidas más impopulares, dándoles la vuelta hasta convertir una recaudación encubierta en un programa altruista y de alta conciencia social.

Y es que estos días nos han vendido el nuevo sistema de multas instalado en Santa María de Cayón como ‘el radar solidario’, lo último en beneficiencia y lo más de lo mas en buenos sentimientos y espíritu redistributivo de la riqueza. Parece ser que, hartos ya de que nadie respetara un semáforo de velocidad, han instalado un chivato electrónico que, cada vez que un conductor se salta el disco en rojo, le envía inmediante una foto a la autoridad sancionadora. Y luego la pasta se la reparten entre la DGT –un diez por ciento–, el ayuntamiento –un cuarenta–, y la parte del león, el resto, que se lo lleva una empresa privada que ha aportado los setenta mil del ala que costaba el sistema de espionaje. Por el momento, en los dos primeros días ya habían recaudado más de trece mil euros, así que todo pinta a que en dos semanas la inversión la tendrán más que amortizada.

Por su parte, y suponemos que para lavar conciencias, el ayuntamiento ha anunciado que su parte se destinará a las familias sin recursos del municipio. Una iniciativa muy loable, pero es que para eso ya tenemos todo un sistema de recaudación de impuestos, basado en el nivel de renta y no en los despistes de los vecinos que aún no se hayan enterado del asunto.

Cierto que en Cayón tenían un problema, y que los ciudadanos, en cuanto tocamos volante, nos convertimos en auténticos energúmenos, pero ¿no había algún otro sistema de reconvenir al personal que no fuera metiéndole directamente la mano en la cartera?

Porque, de prosperar iniciativas semejantes, no nos extrañemos si de pronto, como se hacía en la edad media, los vecinos necesitados de muchos barrios y pueblos empiezan a poner barricadas en las carreteras o a cobrar peajes informales por cruzar puentes y túneles. Porque para saltear en los caminos nunca hizo falta licencia municipal.