Al promediar la década de los noventa, el Igualatorio Médico tomó la determinación audaz, pero inevitable, de abandonar el sanatorio Madrazo, un edificio en pleno centro de Santander, todavía hábil, pero obsoleto, deteriorado y de difícil y costoso mantenimiento, para levantar un nuevo centro hospitalario en Mompía. Dos años de trámites y otros dos de obras para concluir este proyecto de la medicina privada. En 1999, el edificio de Traumatología de Valdecilla se vino abajo y se llevó cuatro vidas, pero se optó por reconstruir el hospital en el viejo solar junto a Cuatro Caminos, ruidoso, sin expansión y de tránsito saturado, en el principal acceso y salida de Santander. Por cierto, no hubo entonces controversia entre el Gobierno del PP en Cantabria y en Madrid, la oposición y los sindicatos.
El presidente del Colegio de Médicos de Cantabria, Tomás Cobo, subrayaba el contraste entre ambas decisiones cercanas en el tiempo, en un reciente debate sobre el futuro de Valdecilla organizado por El Diario. Por aquellos años fueron muchos los ciudadanos y los profesionales sanitarios que se pronunciaron a favor de crear en las afueras de la capital –La Remonta fue uno los emplazamientos manejados– el nuevo gran hospital de Cantabria. Seguramente, esa opinión habrá tenido un respaldo cada vez mayor a lo largo de tantos años en que las obras de Valdecilla han ido languideciendo hasta morir, después de haberse gastado unos 300 millones de euros.
Aquella discusión ya es estéril. Ahora se trata de dar solución a los últimos veinte años del actual Valdecilla. Porque en ese mismo debate antes mencionado sobre el hospital, su director gerente, César Pascual, afirmó que la ciudad y/o la comunidad harían bien en ir buscando –ya mismo– el terreno apropiado para la ubicación de un nuevo centro. Los gestores sanitarios conceden de 25 a 30 años de plenitud a los hospitales. O sea, en 2035 el ‘nuevo Valdecilla’ que ahora apenas vislumbramos será otra vez el ‘viejo Valdecilla’.
Obras en otoño
El Gobierno de Cantabria confía en retomar las obras a finales del verano o principios del otoño, cuando ya se haya sustanciado el concurso al que acuden siete grandes grupos empresariales para terminar las obras en 2015 y gestionar los servicios no sanitarios del hospital por 660 millones de euros en dos décadas. Una vez constatado que Madrid prolonga la tradición de olvidar su compromiso con Valdecilla, éste es el procedimiento planeado por el Ejecutivo para cumplir la prioridad de Ignacio Diego en esta legislatura.
El rechazo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales a las reclamaciones de los sindicatos y el PSOE, que ha levantado la paralización del concurso dictada previamente, supone un espaldarazo al Ejecutivo, pero no resuelve la batalla. Los detractores del plan preparan ya nuevos recursos por la vía contencioso-administrativa, con plazo abierto para presentarlas hasta el 17 de julio y un cálculo de seis meses para su resolución.
Pero en este nuevo procedimiento, para reclamar la suspensión cautelar hay que tentarse la ropa, pues el tribunal podría establecer una caución a los demandantes para responder de los eventuales daños causados por la paralización si finalmente esta medida drástica no resultase legalmente procedente. Y estamos hablando de un proyecto multimillonario. Los opositores al concurso lo saben y el Gobierno también.
Difícil negociación
¿Y las posibilidades de negociación? Unos y otros han dicho que existen, pero con grandes reservas. En todo caso, parecen más factibles los acuerdos entre el Ejecutivo y los sindicatos en un plan diseñado a veinte años, aun cuando las visiones iniciales son lejanas: UGT, CC OO y USO contabilizan medio millar de empleos en riesgo mientras la Consejería de Sanidad que dirige la vicepresidenta María José Sáenz de Buruaga sostiene que el impacto del nuevo modelo en una plantilla superior a los 5.000 trabajadores sería mínimo para los empleados externos y nulo en el personal estatutario. El Gobierno quiere negociar, pero sin la amenaza de acciones legales u otro tipo de coacción. Los sindicatos, a la expectativa.
El consenso político es remoto porque Valdecilla se ha convertido ya en un debate central hasta las elecciones de 2015, con un dilema de gran calado: la iniciativa del Gobierno del PP de acabar pronto el hospital con medios propios y la inquietante participación del sector privado, frente a la oposición que se acoge a la estricta gestión pública y a la esperanza tantas veces defraudada, por Zapatero y por Rajoy, de terminar las obras mediante la financiación estatal. El Gobierno del PP se propone llegar a las urnas con el hospital acabado o al menos muy avanzado y la oposición se lo quiere poner muy difícil.
El PSOE ha diseñado una intensa batalla contra lo que considera un paso decisivo hacia la privatización, no ya del hospital, sino de todo el sistema sanitario. La ofensiva está en el Parlamento, en las mociones en los ayuntamientos, en la recogida de firmas, en los contactos con profesionales sanitarios y colectivos ciudadanos, y en las movilizaciones. Los socialistas reclaman en el Congreso que el Estado asuma la financiación del nuevo hospital y también han ofertado al Gobierno una alternativa al concurso, ya rechazada por el PP en el Parlamento, para terminar las obras con los recursos resultantes de la mayor flexibilidad en el déficit que se asignará a Cantabria, 285 millones de euros hasta 2015, calcula la líder socialista, Eva Díaz Tezanos.
El PRC no presentó recurso al concurso de contratación y en la discusión interna en torno al plan del Gobierno para el hospital hubo opiniones diversas. Pero al final se impuso, naturalmente, la decisión del líder, Miguel Ángel Revilla, con un acto de fe en la reivindicación que evoca inevitablemente aquellos tiempos del AVE:  «Las obras de Valdecilla las tiene que pagar el Gobierno de España».