Ajenos al ruido de la controversia política que  llega sin tregua desde Santander, los despachos de los alcaldes de toda Cantabria ya están atareados haciendo cuentas y proyectos para sacarle el máximo rendimiento al plan de infraestructuras municipales puesto en marcha por el Gobierno de Ignacio Diego. No sólo los 58 regidores del PP, naturalmente, sino también los 30 del PRC y los 9 del PSOE.  Porque a todos ellos les esperan las elecciones en mayo de 2015, así que hay que levantar Cantabria en obras desde el año anterior, convencer a los votantes de que sus municipios no están paralizados por la crisis. Los ayuntamientos tendrán que pagar el 20% de los proyectos que acometan y adelantar el total de la financiación, y el Gobierno regional les devolverá el 80% en la próxima legislatura, cuando haya dinero. ‘El que venga detrás que arree’ es una regla tácita y perdurable, también en la política.
En efecto, el Ejecutivo de Ignacio Diego se encontraba en una delicada coyuntura: con el presupuesto comprometido en el pago de las obras acometidas por el bipartito PRC/PSOE y nada de dinero para nuevos proyectos al acercarse ya el ecuador de la legislatura con el PP en el poder y los alcaldes muy nerviosos por el severo recorte al fondo municipal.
El hambre y las ideas
«Del hambre salen las ideas», sentencia Francisco Rodríguez, consejero de Obras Públicas e impulsor del plan de infraestructuras municipales cifrado en 64,2 millones de euros, que asegura tener muy trabajado: la gran mayoría de los ayuntamientos estarán en condiciones de ejecutar algunas de sus necesidades prioritarias, el sector productivo de la obra pública recibirá una considerable inyección de actividad y hasta el Gobierno que inicie la próxima legislatura podrá disponer de algo de dinero en caja, «no como ahora».
Tan ‘trabajado’ tiene Rodríguez el plan que las alegaciones formuladas, por consenso de los tres partidos –PP, PRC y PSOE– en la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) no le gustan ni un pelo, al menos las esenciales: Por ejemplo: que el Gobierno regional asuma finalmente no el 80% sino el 100% de la financiación de las obras o que puedan ser incluidos los gastos de redacción de los proyectos. Y una de las ‘mañas’ características de los alcaldes: rebajar el mínimo de cada proyecto a 20.000 euros, lo cual les permitiría manejar un proceso restringido de adjudicación, en vez del concurso de libre concurrencia previsto en el plan para presupuestos superiores a los 50.000 euros.
Obra grande, baja del 25%
En realidad, muchos ayuntamientos que ya están trabajando en el plan –los proyectos deben ser ejecutados entre octubre de este año y diciembre de 2015– se proponen concentrar las diversas obras en unidades de actuación más ambiciosas, de mayor presupuesto, con el objeto de ofrecer ‘paquetes’ más atractivos a las empresas constructoras y así obtener de ellas bajas presupuestarias muy importantes, hasta del 25%. No obstante, este planteamiento a veces supone riesgos en la terminación de la obra o en su precio final.
Los constructores cántabros, los que conservan todavía algo de ‘músculo’ para mantenerse en actividad, se encuentran a la expectativa. Ya han dicho que no es el plan que esperaban, pero algo es mejor que nada. Los conocedores del sector creen que las empresas de la región enfrentarán en el desarrollo de este plan una seria competencia externa, principalmente del País Vasco, donde las compañías gozan de mayores facilidades de financiación.
El plan de infraestructuras municipales ha sido duramente descalificado por las direcciones de los partidos de la oposición, PRC y PSOE, como una impostura, un ‘timo de la estampita’ del Gobierno de Ignacio Diego para hacer creer que invierte en la región, cuando realmente la financiación íntegra corre a cargo de los municipios, con la vaga promesa de devolver después el 80% del dinero.
Pero frente a la controversia de los partidos, la realidad impone a los alcaldes de todos los partidos la necesidad de mirar por sus municipios, sobre todo cuando se acercan las elecciones. El Gobierno cree que se acogerán al plan la mayoría de los 102 ayuntamientos, que ahora también podrán dedicar a inversiones el superávit que antes era obligado destinar a la amortización de deuda.
El entusiasmo de los alcaldes del PP con el plan es muy variable. Íñigo de la Serna, alcalde de Santander y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ve complicada su articulación. José Manuel Igual, alcalde de Arnuero y vicesecretario general del partido, defiende el plan del Gobierno y la corresponsabilidad de los ayuntamientos: «Si tenemos que pagar dos euros de cada diez, haremos las obras que de verdad son necesarias para nuestros municipios».