La política cántabra, inmersa durante tanto tiempo en el enfrentamiento y la bronca tabernaria del Parlamento, y la hostilidad manifiesta que reflejan los medios de comunicación, transita ahora con su crispación a cuestas para instalarse en los tribunales.
Ya estaba en manos de la justicia el ‘caso GFB’, la quimera del fibroyeso que tiró por la borda una millonada de dinero público. También la imputación del exdirector general de Cantur, Diego Higuera, por la supuesta malversación de caudales públicos y la desaparición de 60 cuadros pertenecientes al patrimonio regional por lo que está acusado el empresario Sergio Vélez. Pero la tumultuosa comisión de investigación de Cantur amenaza con impulsar una nueva catarata de acciones judiciales capaz de desbordar la ya limitada capacidad operativa de los juzgados de Las Salesas.
El PP, que alienta y controla con su mayoría la comisión parlamentaria que investiga la compraventa del Racing al indio Alí Syed y la gestión general de la empresa turística, se propone trasladar a la Fiscalía el resultado de las indagaciones, tal como hizo con GFB. Los ex consejeros Ángel Agudo (PSOE) y Francisco Javier López Marcano (PRC) son las ‘piezas’ señaladas por el PP en esta estrategia y, quizá por eso mismo, porque la defensa puede ser el mejor ataque, ambos han tomado también medidas en el ámbito judicial.
El dirigente regionalista ha resuelto querellarse contra el presidente del Ejecutivo, Ignacio Diego, por implicarle a él y a su familia en una trama de corrupción en Cantur. Y el actual presidente del PSOE ha elegido una vía intermedia, el amparo del Colegio de Abogados contra la actuación de los dos letrados del bufete Gómez Acebo y Pombo que declararon en contra del anterior Gobierno en Cantur que había pagado la minuta, pero este asunto también podría terminar en los tribunales.
El paisaje descrito recuerda inevitablemente a la etapa de Juan Hormaechea entre los años 1987 y 1995, un rosario interminable de enfrentamientos y de litigios judiciales, hasta que precisamente los tribunales acabaron con la trayectoria política del protagonista.
Judicialización
El final de aquel ciclo fue saludado por la mayoría de los partidos como un higiénico retorno a la normalidad política. Pero ahora, la tensión extrema y la tendencia creciente a la judicialización de la política hacen evocar aquellos tiempos convulsos.
El Gobierno del PP advirtió en sus primeros días que llevaría ante la justicia aquellos asuntos turbios del bipartito PRC/PSOE que presentaran indicios delictivos y está legitimado para hacerlo. También los exconsejeros tienen derecho a defender su honorabilidad en los tribunales. Bien, que los jueces resuelvan tales pleitos a su debido tiempo. Lo que no es admisible es que la judicialización de los conflictos sea el centro casi exclusivo del debate político en Cantabria, mucho menos con la grave situación que la región atraviesa.
En efecto, el frecuente comentario del ciudadano atónito alude al ‘guirigay’ de consumo interno de los políticos, al ruido de las demandas y polémicas estériles sobre sus cuitas personales, mientras se muestran incapaces de alcanzar una mínima unidad de acción para enfrentar la dura realidad.
Cuando ya estamos en 56.900 parados, gran parte de ellos ya sin ninguna prestación para llegar a fin de mes. Cuando muchas empresas importantes y pequeños negocios han bajado la persiana o están a punto de hacerlo. Cuando el tiempo pasa y seguimos a la espera de que acaben las obras del Valdecilla, que por cierto también afrontan un incierto camino en los tribunales. El carácter destructivo de la política en la crítica situación actual es un motivo más para la desmoralización del personal.