Breve historia de las cuatro partidas principales que los Presupuestos Generales del Estado asignan a Cantabria para 2014: los 28 millones de euros para Valdecilla, de los 99 que restan para acabar la obra (sin contar otro tanto que ya ha anticipado el Gobierno regional) del nuevo hospital, que fue proyectado cuando se vino abajo el edificio de Traumatología, hace nada menos que 14 años. Los 43 millones para impulsar el tramo de la autovía A-8 entre Santander y Torrelavega, cuya entrada en servicio estaba prevista en 2010, pero que no lo hará antes de 2015. Los 16 millones para la ampliación del muelle 9 de Raos, una de las variables contempladas en los ambiciosos planes de expansión que manejaba el Puerto de Santander cuando en la década anterior ingresaba más dinero que nunca. Y los 55 millones para la mejora de la línea ferroviaria con la Meseta; la convencional, naturalmente, no la de ninguno de los dos AVE –con Madrid y con Bilbao– que Cantabria celebraba por anticipado todavía en 2010.
El Gobierno del PP pondera el relevante incremento del 40% en la inversión del Estado en Cantabria, y hasta puede resultar justificado el autoaplauso si se tiene en cuenta el anterior castigo, sobre todo en los Presupuestos de 2012, pero lo cierto es que los cuatro proyectos que ahora se impulsan debieran haber estado concluidos mucho tiempo atrás, cuando había dinero para todo, pero quedaron relegados al olvido.
A esa tesis tan reiterada que acusa a la ciudadanía de haber vivido por encima de sus posibilidades antes de que estallara la crisis, habría que oponer cuando menos que las administraciones han cumplido muy por debajo de sus obligaciones. Con esa desidia tan desmoralizante para lo que es verdaderamente importante y perdurable en el tiempo –como las grandes infraestructuras y servicios– que contrastan con la ‘alegría’ con que se gasta la pólvora del Rey en proyectos accesorios o al menos desacompasados con la realidad, fracasados antes de nacer. No sólo la Administración del Estado, también la autonómica y las locales. Así nos hemos ido encontrando con puertos deportivos sin barcos, mataderos sin reses para el sacrificio, aparcamientos sin coches o pisos de protección sin inquilinos. Y siempre hay una excusa: ya vendrán tiempos mejores.
Valdecilla en 2015
La inyección de Valdecilla y el inminente convenio para que el Estado pague lo que queda de la obra supone un hito en el largo ciclo de fracasos revindicativos de Cantabria ante Madrid y al tiempo un éxito del Gobierno de Ignacio Diego en medio de tantas noticias desesperanzadoras en la industria y el empleo.
Pocos confiaban en recuperar el compromiso del Estado, mucho menos la oposición PRC/PSOE, que ha tenido que cambiar de discurso sobre la marcha: antes reprochaban al PP que Rajoy no cumpliera y denostaban el contrato público-privado ideado como una solución para terminar el hospital con urgencia. Porque, en efecto, este contrato no es sino una consecuencia del fracaso de la sanidad pública en la recuperación de Valdecilla. En todo caso, ahora objetan que si ya hay dinero estatal, la fórmula alternativa ya no tiene sentido.
Todo un argumento, por lo demás bastante extendido más allá del debate político. Si hay 28 millones de euros para empezar y los 70 restantes comprometidos mediante convenio, no faltarían empresas, incluso cántabras, que podrían financiar y ejecutar la obra en el plazo urgente marcado por el Gobierno y así se eliminaría de un plumazo cualquier sospecha acerca de las pulsiones privatizadoras del PP en el ámbito de la sanidad.
Pero el Gobierno replica que aventurarse a un proyecto condicionado al presupuesto plurianual del Estado supondría inevitablemente nuevos retrasos. Y hasta podría añadir con razón que el Estado a veces deja de cumplir sus compromisos con Cantabria, como ocurrió con el propio Valdecilla, hace años, o con el AVE, más recientemente.
Mayor diligencia
Así que el Ejecutivo está dispuesto a mantener el contrato público-privado (870 millones a pagar en 20 años), un modelo implantado en bastantes países con resultados desiguales. La ventaja esencial que señalan los expertos en economía de la salud es que los proyectos avanzan con mayor diligencia que con la burocracia pública. Y el riesgo frecuente es que los grupos adjudicatarios suelen imponer modificaciones presupuestarias al alza para cumplir con el nivel de eficiencia que se les exige. Pero veinte años por delante es mucho tiempo. Lo inminente es resolver el concurso este mes, reanudar las obras de inmediato y terminarlas en el segundo semestre de 2015, justamente cuando se celebrarán las elecciones. Esa es la obsesión del PP. Y la pesadilla de la oposición.