Al ministro Cristóbal Montoro, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Cantabria al que se recuerda como un excelente profesor del campus santanderino en los primeros años noventa, no se le puede escapar los efectos en esta comunidad de la reforma de la Administración Local que él impulsa desde el Gobierno. El gran impacto que tendrá en una región rural –sólo cinco de los 102 municipios tienen más de 20.000 habitantes y más de 80 no llegan a los 5.000– un nuevo modelo en el que, al menos en su concepción inicial, la eficiencia de los servicios está subordinada a su sostenibilidad económica, siempre más factible en las grandes concentraciones de población, como sucede en la Andalucía natal del ministro.
El nuevo curso político tendrá en la reforma local uno de sus debates de largo recorrido; de forma inminente en la XVII Asamblea General que la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) celebrará el próximo viernes en el Parador de Limpias.
En marzo pasado, los tres partidos principales –PP, PRC y PSOE– alcanzaron, a través de un grupo de trabajo, la unanimidad en el seno de la FMC para remitir 15 alegaciones con propuestas concretas al proyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de julio y a punto de comenzar el trámite parlamentario en las Cortes Generales.
En realidad, el contenido de la reforma no gusta a la mayor parte de los alcaldes cántabros, ni a los populares (58) ni a los regionalistas (30) ni a los socialistas (9). En general, intuyen que afectará negativamente a la calidad de los servicios extendida en los últimos años hasta los municipios más pequeños y temen su recorte y/o privatización. El nuevo patrón administrativo lleva implícita una pérdida sustancial de las competencias municipales en favor de las diputaciones (el Gobierno regional, en el caso cántabro) y el riesgo de intervención, desaparición o fusión de las entidades locales.
Naturalmente, en el PP opera también la disciplina partidaria y sus dirigentes tratan de templar ánimos. Se ha percibido con claridad en el intercambio de borradores con propuestas y contrapropuestas que ha tenido lugar en los últimos días entre el presidente de la FMC, Julián Vélez, alcalde popular de San Vicente de la Barquera, y los partidos opositores.
El PP defendía inicialmente que el Gobierno ha acogido buena parte de las alegaciones de la FMC con avances importantes, tanto que hasta proponía que la FMC reconociera el esfuerzo del Gobierno central para mejorar el texto. De cara al futuro, el PP postulaba concentrar las reivindicaciones en unas pocas materias y remitirlas a los grupos parlamentarios en las Cortes, no al Ejecutivo. Un talante muy comprensivo que contrasta con la beligerancia del PP de Galicia –una región también muy rural y de población dispersa– que acaba de ‘levantarse en armas’ contra la reforma local.
En la oposición, la voz cantante la lleva el PRC, que tiene tomada la decisión de abandonar la FMC a fin de año, pero que parece dispuesto a dar la batalla mientras esté dentro. Sus alcaldes consideran que el Gobierno no ha aceptado prácticamente ninguna de las alegaciones, referidas a las competencias y su financiación por el municipio o la instancia política superior que las asuma, el coste de los servicios, la intervención o supresión de municipios y entidades menores, remuneración de cargos públicos, etc. Para el PRC, la reforma en sus actuales términos supone «la muerte de los ayuntamientos de Cantabria».
El PSOE, con menos peso en la batalla aunque con la voluntad de mantenerse en la FMC en cualquier caso, considera también «inaceptable» la reforma local que impulsa el Gobierno del PP.
Finalmente, y no sin dificultad, en el grupo de trabajo de la FMC se ha llegado a un principio de acuerdo a través de un documento que será presentado ante la asamblea de Limpias y que mantiene un tono reivindicativo de mejoras en la ley de reforma de la Administración Local. En esa reunión también se debatirá, a instancias del PRC, el recorte del Gobierno de Cantabria a los fondos de cooperación municipal.
De la Serna: «Gran mejora»
En medio de la larga batalla política, Íñigo de la Serna, alcalde de Santander y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), persigue un difícil equilibrio entre la lealtad al Gobierno de su partido y las reivindicaciones de los municipios. De la Serna sostiene que la reforma local ha mejorado de forma radical a lo largo de los meses, aunque quizá muchos alcaldes no lo han percibido en su justa medida.
Tanto es así que, a su juicio, muchas enmiendas carecen ya de sentido porque lo que reclaman ya ha sido incorporado al proyecto de ley: desde atenuar el riesgo de intervención de los municipios al cambio del coste estándar por el coste efectivo, a la remuneración de los ediles o al hecho de que el antes obligatorio trasvase de competencias pase a ser voluntario. De la Serna cree que hay margen para avanzar más en la tramitación parlamentaria. De una cosa y de otra intentará convencer a sus homólogos en Limpias.