El proyecto de construcción de los espigones de La Magdalena y Los Peligros, diseñado por el Ministerio de Medio Ambiente, ha generado un intenso debate político entre el Gobierno PRC/PSOE y el Ayuntamiento de Santander gobernado por el PP, que ha encubierto el déficit de información técnica y científica sobre el impacto que podría tener la obra.
La controversia se sustenta en un único informe realizado por la Universidad de Cantabria en 1991, hace 25 años, que sugiere interpretaciones bien diferentes: La Dirección General de Costas entiende que el proyecto no tendría efectos relevantes en el litoral y el Gobierno de Cantabria replica que no está acreditado en ese documento la ausencia de riesgos para El Puntal y el estuario del río Miera.
La carencia de datos actualizados resulta más llamativa cuando Cantabria, el Gobierno y la Universidad, cuentan como una de sus ‘joyas’ con el Instituto de Hidráulica, un centro prestigioso que desarrolla proyectos muy avanzados en diversos países, que incluyen la investigación de las dinámicas litorales. De hecho, el IH Cantabria ya ha estudiado el problema de la bahía de Santander y sus posibles soluciones, la que ahora está en discusión y otra al parecer menos agresiva de estabilización de la playa mediante la técnica de un dique exento, separado de la costa.
En todo caso, un dictamen del Instituto de Hidráulica incorporaría al debate entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento el rigor científico necesario para tomar una decisión de calado. Es decir, si hay garantías para autorizar sin riesgo la construcción de los diques que terminen con el descarne de las playas santanderinas y el alto coste de su reparación periódica o si, por el contrario, hay argumentos medioambientales suficientes que aconsejan frenar o modificar los planteamientos técnicos de la única obra importante que la Administración del Estado contempla en Cantabria a medio plazo. Perder sin más la inversión de 2,2 millones de euros sería un auténtico fracaso.