La ‘herencia recibida’ es un ritmo que no pasa de moda, el tópico más recurrente que ha acompañado a los cambios de gobierno en la era de la larga crisis y los recursos escasos. En toda España, también en Cantabria, ha sido la coartada más socorrida para rebajar las expectativas creadas con los excesos de las promesas electorales. A partir de su llegada al poder en mayo de 2011, el PP uso y abusó del ‘mantra’ de la herencia recibida, el desgobierno y el despilfarro de la coalición PRC/PSOE durante los ocho años anteriores que, en su criterio, condicionaban muy seriamente los planes para la recuperación del nuevo orden popular. Y ahora, en su retorno al poder, el Gobierno de Cantabria de regionalistas y socialistas también enuncia su discurso con la vista puesta en el retrovisor, en la crítica a la gestión de Ignacio Diego y en los agravios que llegan desde Madrid.
La deuda regional disparada hasta niveles estratosféricos, los recortes presupuestarios obligados por el incumplimiento del déficit, las nóminas de los funcionarios en el aire por la tesorería esquilmada, la pérdida de ayudas europeas, y algunas sorpresas desagradables en los cajones. Una Cantabria intervenida, resume Miguel Ángel Revilla.
La música que entona el nuevo Ejecutivo se parece mucho a la que hacía sonar el PP hace cuatro años cuando llegó al poder, si no fuera porque esta vez se añade a la partitura el ‘castigo’ de Madrid en la financiación autonómica y en los Presupuestos Generales del Estado con el olvido de la partida para Valdecilla como guinda. O sea, la enésima demostración de lo poco que cuenta en La Moncloa una comunidad uniprovincial de 600.000 habitantes como Cantabria: el único compromiso contraído, la demanda esencial de un Gobierno regional ‘amigo’, se cae en el ajuste de cuentas de última hora y hay que buscar un apaño vergonzante mediante enmienda presupuestaria para salir del apuro.
Así que en el discurso inicial del nuevo Gobierno prima el lamento por la situación económica heredada, que el consejero Juan José Sota llevará al Parlamento en toda su crudeza el 31 de agosto.
Entretanto, abundan los gestos y promesas para escenificar el cambio político: la declaración para la urgente reindustrialización de Torrelavega, el mayor apoyo a los municipios, el recorte en la asignatura de Religión, el retorno al diálogo social o la tarjeta sanitaria para los inmigrantes ilegales. Con respecto a la gestión de Valdecilla, domina la prudencia, en la idea de que el modelo público-privado instaurado por el PP tiene difícil vuelta atrás. Y se impone la reivindicación a Madrid, claro. A Revilla aún no le han dado cita en Moncloa para reclamar a Rajoy el impulso al AVE y el dinero para Valdecilla. El presidente también tiene previsto un encuentro con el lendakari Íñigo Urkullu para reforzar los lazos de buena vecindad.
Revilla ha prometido que no abusará de la queja hacia el pasado para mirar hacia el futuro. Por lo demás, él y su Gobierno son conscientes de que en el paisaje de economía de guerra que describen –sólo la sanidad, la educación y la dependencia son intocables– debe emerger algún proyecto ilusionante, alguna prioridad como la que el PP fijó hace cuatro años con el nuevo Valdecilla, algo más tangible que el improbable AVE. Será en septiembre cuando el Ejecutivo impulse algunos de esos proyectos orientados a la creación de empleo en sectores como la innovación y las energías renovables, como ya ha avanzado la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos.
En septiembre se acelerará también la elaboración de unos difíciles presupuestos, porque a la escasez de recursos se añade la exigencia de más gasto social que contiene el pacto de investidura con Podemos. El Gobierno confía en que el aliado radical sea comprensivo hasta que lleguen tiempos mejores, pero eso ya se verá. Por el momento, el Ejecutivo ya se hace a la idea de que financiar el aumento de la cobertura social que demanda Podemos –renta básica, atención sanitaria y teleasistencia universales y gratuitas, etc– requerirá mayor presión fiscal y una recaudación más eficaz que hasta la fecha.
El clima de la tramitación presupuestaria, y en general, del nuevo curso político se verá contaminado por las inminentes elecciones en las que estarán  implicados cuatro de los cinco partidos representados en el Parlamento cántabro, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos (todos menos el PRC).
Y para subir la temperatura, la probable comisión de investigación en la Cámara sobre los dineros públicos destinados por el Gobierno del PP al pozo sin fondo de Nestor Martin. PRC y PSOE vislumbran la indagación parlamentaria con el impulso entusiasta de Podemos y también contemplan, eventualmente, llevar el caso a los tribunales.
El PP no se llama a engaño y prepara, desde que fue desalojado del poder, su estrategia defensiva para este trance. Nada nuevo, en realidad. Si en la pasada legislatura los populares en el Gobierno optaron por intentar sacarle todo el partido posible a los casos GFB y Cantur/Racing, en el Parlamento, en los medios y ante la justicia, ahora les toca a los nuevos inquilinos de Puertochico pasarles factura por la ‘herencia recibida’.