“Es un momento duro, pero es mejor que pase ahora y no más tarde. Lo que cuentan son los últimos meses antes de las elecciones». Realismo y esperanza en el futuro. En las altas esferas del PP de Cantabria admiten que el año preelectoral comienza con dificultades para el Gobierno regional y el partido que lo sustenta, en una de sus peores coyunturas desde el comienzo de la legislatura.
Lo de menos es haber perdido la Alcaldía de Torrelavega, la segunda en importancia de Cantabria, porque los populares confían en tomarse esa revancha en mayo de 2015. Lo peor es la crisis industrial que no remonta y el paro que sigue creciendo, cada vez con más familias en situación límite, frente a la leve mejora del conjunto de España, Y el reflejo en Cantabria del desgaste del PP que muestran los sondeos nacionales, la fractura interna por la controvertida reforma de la ley del aborto, las disidencias que sugieren Vidal-Quadras y el nuevo partido Vox, Mayor Oreja y Aznar, las secuelas de los casos de corrupción y hasta el abrupto frenazo a la externalización sanitaria en Madrid que  evoca el plan público-privado para el nuevo Valdecilla. Muchos frentes abiertos y la oposición al acecho.
El Parlamento despierta mañana después de seis semanas de letargo para un nuevo periodo de sesiones. El trabajo legislativo será más bien escaso, pero sobrará el ‘rifirrafe’: desde el deterioro industrial y el paro a la privatización de Valdecilla y la reforma del aborto. El PP ha desactivado una comparecencia gubernamental que había pedido sobre el fracking al recibir la mala noticia del recurso constitucional que el Gobierno de la nación presenta contra su prohibición en Cantabria.
En realidad, todo el mundo aquí se ha pronunciado contra el fracking y hasta se ha aprobado por unanimidad una ley regional que lo prohibe, pero no por eso dejan de tirarse los trastos unos a otros en una porfía bastante sobreactuada sobre quién se opone con mayor firmeza a la fractura hidráulica y quién incurre en mayores contradicciones al respecto: antes y ahora, en el Gobierno o en la oposición, en Cantabria, en Madrid o en el País Vasco.
Al fracking y a la crisis industrial y el paro, asuntos recurrentes en los últimos meses, se suma ahora el de la reforma de la ley del aborto. Después de que en Santa María de Cayón y en Castro se aprobaran mociones municipales de PRC y PSOE contra el modelo Gallardón con votos del PP, Ignacio Diego quiso rebajar el tono de la polémica y dio libertad de conciencia en este asunto. Dentro de un orden, claro. En algunos municipios sí ha habido apoyos populares a las mociones, pero en Santander se rechazó sin fisuras y es probable que suceda lo mismo en el Parlamento cuando llegue el debate. El PP admite las distintas sensibilidades sobre el aborto que hay en su seno y se propone consensuar internamente un paso atrás respecto a la reforma de Gallardón, pero mientras tanto no va a propiciar ‘revolcones’ frente a la oposición en las instancias políticas de mayor alcance mediático.
Protesta en la calle
La controversia sobre Valdecilla vuelve a cobrar fuerza tras la abrupta renuncia de la Comunidad de Madrid a la externalización de seis hospitales, muy contestada socialmente y frenada por los tribunales. El PP insiste en que el caso de Valdecilla, ya en obras, es bien distinto, pero la oposición, sobre todo el PSOE, está decidido a resaltar las similitudes. En los tribunales, en el Parlamento, en los medios y si es posible en la calle, con la perseverante ‘marea blanca’ de Madrid como ejemplo. El PSOE confía en que plataformas ciudadanas y sindicatos apoyen esa movilización –como las de Sniace, el paro, la defensa del aborto o la de la enseñanza que ya se anuncia– hasta crear un clima generalizado de protesta como el que se produjo tras el plan de ajuste de 2012.
Este es el paisaje amenazante al que el Gobierno y el PP se enfrentan a menos de cuatro meses de las elecciones europeas de mayo, que marcarán tendencia, pero que tampoco son una prioridad, porque el auténtico desafío será justo un año después, en los comicios autonómicos y municipales. Entre tanto, Ignacio Diego trata de combatir el ‘temporal’ con una extensa gira por toda la geografía cántabra para ‘vender’ en positivo todo lo que se ha hecho para enderezar el rumbo torcido que dejó el anterior Gobierno y para reactivar la economía: fomento del empleo, implantación de nuevas empresas, cántabras y foráneas, y proyectos turísticos relevantes como los teleféricos del Parque Cabárceno y Vega de Pas.
A la espera de que los planes fructifiquen, y sobre todo, de que los indicadores económicos y el empleo repunten de una vez, el PP insiste en la ‘herencia recibida’. Por ejemplo, el Racing. En esta materia, Ignacio Diego e Íñigo de la Serna han operado con longitudes de onda diferentes: el Gobierno centrado en la investigación judicial de la compraventa del club en 2011 que implica a los exconsejeros Ángel Agudo (PSOE) y Francisco Javier López Marcano (PRC) y el alcalde volcado con la corriente popular y con las operaciones emprendidas en Holanda para el desalojo de Ángel Lavín y el inicio de una nueva etapa para el club cántabro. Ahora ya están todos en eso.