Nada como un buen conflicto diplomático para tomar altura y desde la distancia reducir el tamaño de los problemas domésticos y la atención que se les dispensa. La controversia suscitada entre los Gobiernos del País Vasco y de Cantabria, a propósito del anuncio de la nueva factoría que Tubacex pondrá en funcionamiento en Marina/Medio Cudeyo y de la ‘agresiva’ oferta de suelo industrial de Sodercán, atenúa, aunque sea por un momento, el debate político sobre el paro, los titubeantes indicadores económicos y hasta la interminable moción de censura en Torrelavega. El ‘enemigo exterior’, ya se sabe, propicia la cohesión interna y cambia el foco de interés, como periódicamente nos ilustran los episodios de Gibraltar, sin ir más lejos.
Resulta casi enternecedor como los tres grupos políticos –PP, PRC y PSOE– que en el Parlamento se increpan con gran dureza hasta cuando votan por unanimidad, arropan ahora a Ignacio Diego y su Gobierno frente a la ofensiva vasca. En todo caso, es justo ponderar los gestos de altura política cuando de vez en cuando se producen. Claro que en el País Vasco sucede lo mismo. El PSOE, a través de Ramón Jáuregui, ha llevado el asunto al Congreso de los Diputados para que el Gobierno Rajoy dé explicaciones y hasta la presidenta del PP, Arantza Quiroga, no ha tenido más remedio que coger el teléfono para reprochar a Diego que se «aproveche de la debilidad vasca». Nada serio, por supuesto, pero Quiroga tiene que hacer el ademán, que es la esencia de la función diplomática en estos litigios.
Como ganar en San Mamés
La «debilidad vasca». La expresión suena bastante fuerte para los usos dialécticos y las elevadas expectativas que suelen regir en la comunidad vecina con los asuntos propios y seguro que al PNV gobernante no le ha gustado. Pero en Cantabria, la pataleta del Gobierno euskaldún se recibe como una inyección de autoestima en ese clima de rivalidad que siempre ha existido y que se constata en amplios sectores de la población. Algo así como una de esas raras y memorables victorias del Racing en San Mamés.
«Algo estará haciendo bien el Gobierno de Cantabria cuando se quejan en el País Vasco», es una expresión común en estos días en un tema que ha calado en la ciudadanía. De hecho, en el Ejecutivo regional y en el PP están francamente encantados con una pugna que no han buscado, pero en la que su líder juega con el viento a favor y escenifica una posición de firmeza frente al ‘victimismo’ de los portavoces políticos vascos. La presencia de Diego y su discurso en las primeras páginas de la prensa de Euskadi supone un plus de visibilidad que pocas veces disfrutan los presidentes de las comunidades uniprovinciales.
Camulflar las carencias
Más allá de los argumentos legales, la protesta de la Admnistración de la comunidad limítrofe intenta camuflar las problemáticas relaciones con el empresariado y la conflictividad laboral. El propio Círculo de Empresarios Vascos alude a estas carencias y a la necesidad de que la comunidad adquiera un marco jurídico y fiscal «más estable y atractivo» y revise su coyuntura «de costes laborales y productividad».
La supuesta gratuidad del suelo industrial que denuncia el Gobierno vasco afecta a cuatro polígonos, pero no al de Marina/Medio Cudeyo donde se levantará la planta de Tubacex, el origen del conflicto. El Ejecutivo cántabro ya ha precisado que no es una cesión gratuita de terrenos sino una venta mediante préstamo con cinco años de carencia.
En todo caso, la resolución de un eventual pleito ante la Unión Europea no es muy ágil precisamente. Las ‘vacaciones fiscales’ del País Vasco, que ahora Bruselas ha resuelto castigar con una multa de 64 millones de euros, aluden a las ayudas públicas otorgadas en los años noventa. O sea, lo que le sobra al Gobierno de Cantabria es tiempo por delante.
Otra cuestión discutible es la decisión del Gobierno regional de participar en las empresas que se instalen en Cantabria. Tubacex, con un 19% del capital a través de la empresa pública Sodercán, es el precedente, pero hay dinero presupuestado en 2014 para los proyectos similares que surjan.
La fórmula se compadece mal con la idea de ‘adelgazar’ el sector público reiterada desde el comienzo de la legislatura, y en general, con la posición programática del PP sobre la inversión de dinero público en un ámbito teóricamente reservado a la libre iniciativa privada. Pero la urgencia por reactivar la economía y rebajar las cifras de paro en los meses que faltan para las elecciones de 2015 resulta tan poderosa que es capaz de sortear cualquier obstáculo, incluso el ideológico. La tentación es irrefrenable: Castilla y León también se ha apuntado a la idea de ceder suelo industrial y dice que su oferta es todavía mejor. Han llegado las rebajas.