E l Parlamento de Cantabria ha celebrado esta semana con su pompa y circunstancia el 35 aniversario del Estatuto de Autonomía, el hito que señala el inicio de la larga travesía del autogobierno, que algunos consideran culminada y otros le asignan un largo trecho por delante, mediante una ambiciosa reforma estatutaria. Pero fuera de ese debate teórico y del boato conmemorativo, la política cántabra, sus partidos, siguen, hoy como ayer, muy pendientes de lo que se decide en Madrid. Primero fueron los diez meses de inestabilidad y parálisis antes de que Mariano Rajoy pudiese formar Gobierno los que distrajeron la atención de los problemas domésticos. Ahora se gastan casi todas las energías en las batallas partidarias que tienen su epicentro en la capital de España.
Cuatro de los cinco partidos representados en la Cámara están inmersos en procesos congresuales. Este fin de semana ha sido el de Ciudadanos con Albert Rivera ya reelegido frente a dos rivales sin peso. El siguiente, el de Podemos, con la guerra entre los clanes de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, y también el del PP, con la tranquila aclamación de Rajoy. Todo lo contrario del cónclave cántabro del 25 de marzo para el que ya se han desatado las hostilidades entre continuistas y renovadores. En el PSOE, que maneja plazos más amplios, es al revés: una incierta batalla federal entre Patxi López, Pedro Sánchez y, se supone, Susana Díaz, mientras en Cantabria Eva Díaz Tezanos no tiene competencia. La excepción a tanto trajín es el PRC, que reserva su congreso para el año preelectoral de 2018 sin otro factor variable que la disponibilidad de su veterano líder, Miguel Ángel Revilla.
La agitación interna se deja notar en la actividad parlamentaria. Fuera de la tramitación de los Presupuestos de 2017, en realidad ya resueltos con el apoyo de Ciudadanos al Gobierno y el rechazo a las enmiendas a la totalidad de PP y Podemos, lo que prima son los asuntos internos. Las sesiones plenarias de los lunes se suspenden, directamente por los congresos en Madrid o bajo la coartada de preparar el debate presupuestario de las enmiendas redactadas a uña de caballo para llegar a tiempo. Los plenos que se mantienen se rellenan con unos pocos temas de saldo para despachar en un ratito. La comisión de investigación de Ecomasa-Nestor Martin está parada para no hacer ruido y la de Valdecilla ni siquiera ha comenzado.
El PP y Ciudadanos hasta le han ‘perdonado’ a Revilla la comparecencia mensual en el Parlamento para dar cuenta de su gestión al frente del Gobierno. Así que Podemos asume en solitario la función inquisidora sobre el presidente que ayudó a investir. Del aprobado en el mes de agosto a la tarea gubernamental del PRC al interrogatorio a Revilla en febrero por su responsabilidad en el clima de corrupción en Cantabria. El reacomodo de Podemos en la oposición pura y dura, tras perder en favor de Ciudadanos el papel de aliado exterior del Ejecutivo bipartito, resulta más veloz que convincente.
El Ejecutivo regional ha superado el escollo del Presupuesto, pero eso no supone el final de las diferencias entre los socios. PRC y PSOE no bajan la guardia ni un momento. Sin ir más lejos, está pendiente de abordar el impacto del Plan General de Ordenación Urbana de Santander (PGOU) anulado por el Supremo. Los regionalistas están por mostrar un talante constructivo en Santander. En este caso, el PRC también mira a Madrid, concretamente al ministro y exalcalde De la Serna para que a cambio del favor aliente el tren rápido y las infraestructuras que reclama Cantabria. Los socialistas, en cambio, se niegan a tales apaños en el urbanismo de la capital. A los populares del Ayuntamiento, ni agua.
La enmienda del PP a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para mitigar los efectos del fallo judicial no va a pasar el corte en el debate parlamentario, en el que el bipartito, y también su aliado Ciudadanos, quieren exhibir una cohesión sin fisuras. Pero hay una opción alternativa: el PP puede presentar una proposición de ley específica de modificación de la Ley del Suelo que propicie una solución al PGOU. O sea, una iniciativa similar a la que los grupos parlamentarios del Gobierno han registrado para regular la actividad minera y dar cobertura legal al gran proyecto para la explotación de zinc en el Besaya. Una tramitación parlamentaria más o menos paralela de ambas propuestas vinculadas al mismo ámbito, un ‘cambio de cromos’ de los dos grupos mayoritarios, PP y PRC, para remover obstáculos en ambos asuntos.
La fórmula está sobre la mesa, aunque nada se ha concretado por el momento. En el Parlamento los tiempos discurren con parsimonia, sobre todo en estos tiempos de congresos. Todo lo contrario que en el vertiginoso mundo de los negocios. El Gobierno regional lo sabe: los que hoy quieren extraer el zinc del Besaya, si encuentran dificultades mañana pueden irse a explotar el cobre de Chile.