El Parlamento de Cantabria aprobó el lunes por unanimidad que se cumplan las propuestas que aprueben sus diputados. El acuerdo puede resultar incluso extravagante por lo obvio de su enunciado, si no fuera porque la nueva Cámara resultante de las elecciones de mayo de 2015 ha cambiado drásticamente el paisaje y los usos establecidos. En efecto, los ‘rodillos’ parlamentarios de las últimas legislaturas han garantizado la invulnerabilidad de los sucesivos Gobiernos frente a las ofensivas de los grupos opositores, que solo han sacado adelante una ínfima proporción de sus iniciativas, y siempre por la condescendencia de quienes ostentaban el poder.

Ahora, con cinco partidos en acción y un Ejecutivo en minoría, la ‘apisonadora’ ya no funciona con la misma contundencia. PRC y PSOE han sido exhaustivos en la negociación con los demás grupos, pero no han podido evitar unas pocas derrotas en el hemiciclo. Casi siempre en acuerdos que exigen gastar un dinero del que la Administración anda tan escaso. Así que, como ha dicho el consejero Rafael de la Sierra, «el Gobierno cumplirá el mandato del Parlamento… si se puede».

El debate plantea en sí mismo el valor político y la utilidad del Parlamento, más allá de la investidura inicial, de los Presupuestos anuales y de la muy pobre actividad legislativa. Además, como sugiere Ciudadanos, introduce dudas sobre qué hará el Gobierno si en asuntos de calado como la recogida de residuos guipuzcoanos en Meruelo o el convenio del Racing no logran el aval de la Cámara.

Los mecanismos de control del Gobierno están contemplados en el artículo 165 del reglamento parlamentario, a través de las comisiones específicas de cada materia, pero esta función supervisora no ha avanzado mucho en esta legislatura. Tampoco la comisión de investigación del fiasco de Ecomasa/ Nestor Martin que fue aprobada por unanimidad de los cinco grupos políticos. Nadie tiene prisa.