Miguel Ángel Revilla tenía prácticamente resuelta la porción regionalista del nuevo Gobierno desde la misma noche de su éxito electoral, a expensas de que ‘bailara’ alguna cartera en el reparto con el PSOE y de la suerte que pudiera correr Javier López Marcano en la negociación con el tercer socio necesario, en este caso Podemos. Finalmente, tres clásicos, Rafael de la Sierra, José María Mazón y Jesús Oria, y el fichaje estelar de Francisco Martín. A modo de contraste, el PSOE, cuarenta días después del 24-M y llegada la hora de la investidura de Revilla, aún tuvo que pedir un ‘tiempo muerto’ para rematar los nombres y las áreas que le corresponden en el Ejecutivo.
La demora viene condicionada por el fino encaje de bolillos que los socialistas han tenido que hacer. Por un lado, en el trasvase hacia la Administración de algunos miembros de su grupo parlamentario de solo cinco escaños, con lo que correrá la lista, y también en la distribución de las parcelas de Gobierno. Con Eva Díaz Tezanos llegan al Gobierno el número dos, Ramón Ruiz, Luisa Real y Juan José Sota. División de opiniones en el partido. Como en el PRC, no es precisamente una apuesta por la renovación y la juventud.
En los relevos gubernamentales siempre sobrevuela la expectación y las alusiones sobre lo que el equipo entrante descubrirá escondido bajo las alfombras, pero este nuevo Ejecutivo ya tiene bastante para empezar con lo que le espera encima de la mesa, a plena vista. Viejos y nuevos ‘marrones’: de la etapa del PP que ahora termina, otros surgidos en el anterior periodo en el poder de la coalición PRC/PSOE y algunos compartidos en el tiempo que ni unos ni otros han resuelto.
Escollos de muy diversa naturaleza, pero que en la mayoría de los casos tienen un denominador común: están en juego muchos millones de euros del dinero público que, desde luego, no sobra ni para el gasto social que se propone priorizar el Gobierno en el comienzo de la legislatura ni para la inversión productiva.
El catálogo es amplio y en un lugar destacado figuran las indemnizaciones por los derribos que, tal como acaba de aprobar el Senado, deberán percibir los afectados antes de perder sus casas. En números redondos, 370 viviendas con sentencia firme de demolición y una factura de entre 200 y 300 millones de euros.
Una ‘patata caliente’ a la que el PSOE ha dado muchas vueltas estos días. Finalmente, Urbanismo, el departamento que deberá gestionar los derribos, quedará en manos de Eva Díaz Tezanos. No era la opción ideal para la vicepresidenta del Gobierno, que asume contenidos amplios para reforzar su visibilidad frente a Revilla, aunque también dispersos. La ‘carpintería’ de solo ocho consejerías ha limitado el margen de maniobra de los socialistas.
La lista de quebraderos de cabeza sigue con la demanda presentada por Sniace tras el fiasco del Plan Eólico del que fue coadjudicatario en 2010; nada menos que 114 millones de euros reclama como indemnización.
Figura también en ese rosario de preocupaciones el rescate público del puerto de Laredo inaugurado por Revilla para las elecciones de 2011 e infrautilizado desde entonces. Uno 50 millones de euros según las peores perspectivas, siete veces menos calcula el PP, aunque la cifra final pueda estar sujeta a negociación entre el Gobierno y las empresas concesionarias, Ascán y FCC.
También el Racing aguarda a la constitución del nuevo Gobierno para que le ayude con un aval para desactivar el embargo de Hacienda que ahoga el funcionamiento del club. La deuda alcanza los ocho millones de euros y hay que responder antes del 20 de julio. Revilla ya se ha comprometido a echar una mano al Racing «dentro de lo legal y lo lógico». En resumidas cuentas, el Gobierno entrante está dispuesto a avalar a la entidad, pero seguramente exigirá el mismo compromiso del Ayuntamiento de Santander y del propio Consejo de Administración que controlan los exjugadores.
En el trámite del traspaso de poderes, que ya preparan algunos consejeros entrantes y salientes, en Economía y Hacienda ya tienen preparado el ‘papelín’ con los datos relativos al Plan Económico-Financiero (PEF) del ministro Montoro para las comunidades que, como Cantabria, han sobrepasado el límite de déficit y han de aplicar el correspondiente ajuste. La cuenta está por hacer, pero seguramente supondrá otra complicación. A la espera de que se celebre el aplazado Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el Gobierno entrante confían en que el anuncio del propio Montoro de dotar con 10.000 millones más a las comunidades suponga un alivio para las arcas públicas.
En ese escenario difícil, que necesitaría continuados alardes de ingeniería financiera, ha llamado la atención –también dentro del PSOE– que la cartera de Economía, la más técnica, haya recaído en Juan José Sota. No ha sido el primer nombre manejado, pero al final del descarte Sota ha acreditado una vez más su condición de ‘todoterreno’ para encadenar cargos públicos, incluso sin contar con mucha experiencia en la materia, como sucede en este caso.