El asunto es irrelevante y no contiene materia suficiente para que prospere una acusación por el delito de cohecho, pero es innegable que ahora, en plena efervescencia de los escándalos de corrupción, tiene un impacto negativo sobre la imagen del presidente. Lo peor es que se prolongue en el tiempo en un momento decisivo, a seis meses de las elecciones, justo cuando se había activado la precampaña. El temor a la eventual citación del Tribunal Supremo en calidad de imputado y su repercusión mediática, aunque luego todo quede en nada.
Este es, en síntesis, el análisis de situación y control de daños que el PP hace estos días del ‘caso Aquagest’: el fin de semana que en agosto de 2010 Ignacio Diego y el consejero Francisco Rodríguez, por entonces diputados regionales en la oposición, pasaron en un balneario de Oviedo con una factura total de 1.174 euros pagada por esa empresa que está siendo investigada por supuestos sobornos a políticos para lograr adjudicaciones en la gestión del agua.
Cuando una jueza de Avilés destapó el episodio del balneario y requirió del Parlamento información sobre los cargos que entonces ocupaban Diego y Rodríguez, el PP despachó el tema con una preocupación relativa, máxime cuando esta jueza se inhibió del caso en favor del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Pero cuando otra magistrada de Lugo que investiga la ‘Operación Pokémon’ resolvió elevar al Supremo los indicios de un presunto delito de cohecho del presidente, el caso cobró relevancia nacional y se elevaron los niveles de alarma. Tras meditar la situación el último fin de semana, Diego decidió pedir su comparecencia ante el Parlamento, que ya había reclamado sin éxito el PSOE.
Con la polémica ‘in crescendo’, las explicaciones cuanto antes mejor; de ahí el procedimiento de urgencia para que el presidente detalle las circunstancias del caso en el pleno del Parlamento de este martes 9 de diciembre. Y mejor también cuanto más alejado –para que lo contamine lo menos posible– del importante debate de los Presupuestos de Cantabria (días 22 y 23 de diciembre), el último de la legislatura, que Diego, el Gobierno y el PP, y también los grupos de la oposición, ya preparan.
La investigación judicial no alude tanto al Ignacio Diego que estaba en la oposición en 2010 como a su etapa de alcalde de El Astillero (1995-2006), dado que la empresa en cuestión gestionaba entonces, antes y ahora el servicio de aguas de este municipio. Con la documentación recopilada estos días, el presidente podrá argumentar que la privatización del servicio a Aguas del Norte, la compañía luego absorbida por Aquagest, se produjo en 1988, con Censuro Ayllón (CDS) de alcalde y el PP y Diego en la oposición. Igual que cuando fue renovado con el socialista Juan Antonio Maestro como regidor, antes de que Diego asumiera el bastón de mando y lo prorrogase también. Ya en 2009 se suscribió la vigente adjudicación del servicio por 25 años con Carlos Cortina (PP) como alcalde, también a favor de Aquagest, que opera en otros municipios cántabros.
El presidente puede documentar en su comparecencia las diversas ocasiones en las que ha acudido a balnearios, incluido el de Las Caldas, pagando siempre las correspondientes facturas. También esta vez hizo personalmente la reserva con su ‘visa’, aunque finalmente quien corrió con los gastos fue el empresario de ‘Aquagest, a quien Diego asegura que hizo saber su «malestar» por la invitación.
En la oposición, la voz cantante la lleva el PSOE. Su secretaria general y portavoz parlamentaria, Eva Díaz Tezanos, quiere que Diego aclare en el Parlamento no sólo los detalles de su estancia en el balneario sino también las ramificaciones del ‘caso Bárcenas’ en Cantabria: los 90.000 euros recibidos por el PP de la ‘caja B’ de su exsenador y tesorero, según las indagaciones del juez Ruz y la Policía.
El PRC ha preferido ser prudente, al menos en esta fase inicial del caso. Miguel Ángel Revilla no ha hablado del tema y ha decidido no intervenir en la sesión de comparecencia de Diego. Lo hará el portavoz habitual, Rafael de la Sierra. El tercer hombre fuerte, Francisco Javier López Marcano, ya liberado de la larga y dura travesía judicial de la ‘casa de los gorilas’, sí se propone endurecer su oposición. En este asunto, si procede más adelante, y en otros, por ejemplo en la gestión de Cantur.
El PP confía en que el ‘caso del balneario’ tenga escaso recorrido judicial; tan es así que el presidente dijo que la situación le movía a «reírme, con todo respeto a los jueces», un exceso verbal arriesgado dado el imprevisible criterio de los tribunales. También descarta problemas para la confirmación de Diego como candidato electoral, prevista para febrero en todas las autonomías. En su comparecencia en el Congreso para informar sobre su plan de regeneración democrática, Mariano Rajoy fijó el umbral de las medidas disciplinarias no a partir de la imputación judicial sino en un momento procesal posterior, la apertura de juicio oral.
Sin ir más lejos, en Cantabria hay alcaldes del PP imputados, como los de Castro Urdiales o Santa María de Cayón, e incluso juzgado y a la espera de sentencia como el de Alfoz de Lloredo, con los que su partido cuenta para ser candidatos en mayo de 2015.