Nueve días deshojando la margarita, nueve días de incertidumbres, de opiniones encontradas, con todo el PP a la expectativa de que Ignacio Diego tomara una decisión que finalmente trascendió ‘sobre la bocina’ del plazo legal: el Gobierno regional, a través de Cantur, recurre ante el Tribunal Supremo la absolución del exconsejero regionalista Francisco Javier López Marcano y de su colaborador Diego Higuera en el juicio por las obras de la ‘casa de los gorilas’ del Parque de Cabárceno. La política y la justicia seguirán enredadas todavía por mucho tiempo.
En realidad, el recurso ante el Supremo resulta una decisión  coherente para el PP porque no tramitarla sería tanto como admitir que la acción judicial ha estado encaminada más hacia el objetivo político de acabar con López Marcano que al esclarecimiento de las irregularidades en el terreno de la gestión y el dinero públicos tan largamente denunciadas.
El recurso tiene el sustento legal añadido del voto particular de la jueza Paz Hidalgo, por más que la neutralidad de esta magistrada se haya puesto en entredicho luego de que sus últimas actuaciones hayan coincidido con los intereses del partido, el PP, que la postuló para el cargo: primero al intentar eximir de responsabilidades al alcalde popular de Polanco, Julio Cabrero, y después al condenar al dirigente regionalista López Marcano. Finalmente, uno y otro fueron absueltos en la forzada coincidencia del Martes Santo, que tan oportunamente consagró el principio cristiano del perdón universal y que tantas ironías ha alimentado en estos días.
Pero el PP ya se temía la absolución de Marcano muchos días antes de conocerse la sentencia. Ni el fiscal –que ha renunciado a recurrir ante el Supremo– ni los letrados contratados por el Gobierno para la ocasión ni el desarrollo del juicio cumplieron sus expectativas, hasta el punto de que el Ejecutivo y hasta el propio Ignacio Diego salieron a desmentir públicamente a uno de los testigos mientras se celebraba la vista, un hecho singular que molestó al estamento judicial, pero que su cúpula no se atrevió a reprobar oficialmente.
En el Gobierno y en el PP las sensaciones han oscilado entre el abatimiento y la indignación por las últimas decisiones judiciales –incluido el archivo del caso de los cuadros desaparecidos, vinculado también al departamento que dirigía López Marcano– que han echado por tierra algunos ejes de su acción política desde el comienzo de la legislatura. Principalmente, a partir de la larga comisión de investigación sobre Cantur y el Racing que el Parlamento acogió en los primeros meses de 2013 y que luego ha tenido continuidad en los tribunales.
Ni entonces, cuando aquella comisión parlamentaria fue convocada, todo el PP estaba convencido de su oportunidad –en plena efervescencia del ‘escándalo Bárcenas’– ni ahora ha habido unanimidad en la idea de mantener viva la ofensiva judicial. El campo de batalla ya no es el mismo porque Marcano, tras salir indemne del trance del banquillo, se ha venido arriba con el ánimo de pasar al ataque. Por lo demás, la sentencia del Supremo se produciría mucho después de las elecciones de mayo de 2015, a tenor del ritmo de producción del Alto Tribunal.
En todo caso, la decisión de llevar hasta el final los avatares de la famosa ‘casa de los gorilas’ ya ha sido tomada. El PP espera, además, que se produzcan novedades judiciales sobre otras supuestas irregularidades que denunció en la gestión de Cantur con Marcano como consejero.
Y el ‘caso Racing’, claro, que instruye –pero no juzgará– la magistrada Hidalgo. Por el momento, la investigación y los testigos centran la responsabilidad de la oscura compraventa del club a Alí Syed en el ámbito socialista que representan el exconsejero Ángel Agudo y el exdirector del Instituto Cántabro de Finanzas, Luis Egusquiza, ya señalados en la comisión parlamentaria por otro de los imputados, Jacobo Montalvo, entonces y ahora propietario del Racing. López Marcano no tuvo intervención directa en la operación, pero la certificó con su firma como máximo responsable de Cantur.
El sindicato de ultraderecha Manos Limpias se propone personarse como acusación particular y, de confirmarse, con toda seguridad aumentarán los decibelios mediáticos del pleito. El PP ha tenido conocimiento previo de la decisión del sindicato y no descarta otras incorporaciones al caso.
No solo los altos cargos del anterior Gobierno de Cantabria tienen que vérselas con la justicia. Entre doce y quince alcaldes y exalcaldes de los tres grandes partidos –PP, PRC y PSOE– están o han estado imputados, o han afrontado serios contenciosos judiciales en esta legislatura, en general acusados por sus respectivas oposiciones. O sea, casi un 15% de los regidores de Cantabria, lo cual merecería una reflexión profunda sobre el grado de rectitud que impera en la gestión y sobre los excesos en la judicialización. En los tiempos no tan lejanos en que los políticos se resignaban a dimitir al ser imputados habría sido un terremoto. Pero aquella vieja costumbre ha caído en desuso.