Dos meses seguidos de creación de empleo, en números redondos 3.000 nombres borrados de las listas del paro por las que todavía transitan con angustia más de 55.000 cántabros, un 43,7% ya sin ninguna prestación. El optimismo contenido del Gobierno popular de Ignacio Diego frente al escepticismo de los partidos de la oposición PRC y PSOE y de los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO, que ha ido derivando desde la descalificación de los datos de febrero a la prudencia con los de marzo. Primero eran los cursos de formación los que adelgazaban la cifra de desempleo, luego los contratos de empleo subvencionado en los ayuntamientos. Ambos factores computan, en efecto, pero ni uno ni otro tienen influencia en el aumento constatado de la afiliación a la Seguridad Social ni en la cantidad de contratos indefinidos, que crecen muy por encima de la media nacional.
El Gobierno del PP respira aliviado después de la catarata de indicadores negativos en la industria, los servicios y el paro que le ha venido encima desde el mes de septiembre para culminar hace solo unos días con el registro de la caída del PIB, entre las más pronunciadas de España.
Por fin, una buena noticia: se encadenan dos meses de creación de empleo, ‘fuera de temporada’. Frente al pronóstico de que el ciclo expansivo en el sector turístico-hostelero vendría aplazado por una Semana Santa tardía, la mejora en febrero fue una sorpresa generalizada –menos para la Consejería de Economía que controla, día a día, las fluctuaciones del paro–. Marzo refuerza el indicio de que Cantabria, retrasada para entrar en la crisis y también para salir de ella, se suma a la reactivación detectada en el conjunto de España. Aunque el ritmo es lento y el nuevo empleo precario, las previsiones de crecimiento para 2014 han mejorado desde el modesto 0,5% calculado por la UE hace cinco meses al 1,2% que estima ahora el Banco de España.
Los datos recientes de empleo dibujan para el Gobierno regional y el PP un paisaje más propicio, en el corto plazo, para afrontar el ‘examen parcial’ de las elecciones europeas del 25 de mayo. También le proporcionan argumentos de defensa frente a la ofensiva político-sindical ya en marcha, que tiene escenarios muy diversos: desde los encierros y protestas en el ámbito docente a las manifestaciones por los recortes o la movilización contra lo que los grupos de oposición, y también las plataformas sociales y profesionales, consideran el desmantelamiento de la red sanitaria que trae consigo la gestión público-privada del Hospital Valdecilla.
Lo que está por ver es si ese nuevo estado de ánimo en la economía será duradero o si se esfumará en el otoño, como sucedió en 2013, cuando después de un semestre (marzo a agosto) muy positivo el paro volvió a caer drásticamente a partir de septiembre.
El Gobierno cree que el cambio de tendencia tendrá continuidad. Hasta el punto de considerar un «objetivo razonable» para los próximos meses situar a Cantabria por debajo de la ‘barrera psicológica’ de los 50.000 parados para avanzar a continuación hacia el gran desafío: mejorar la cifra que recibió en herencia del Ejecutivo PRC/PSOE: 45.195 desempleados al terminar mayo de 2011.
Diez mil puestos de trabajo por ganar los en los trece meses que faltan para las elecciones autonómicas y municipales de 2015, con la atención y el grueso de los recursos disponibles apuntando a Torrelavega, donde el paro azota con más fuerza, un 25%, cinco puntos más que la media regional.
Disciplina en el déficit
Pero la pelea contra el paro no modificará una de las convicciones esenciales del Gobierno Diego: la contención del déficit. En ese debate permanente sobre las ventajas y perjuicios de la teoría keynesiana de movilizar los máximos recursos públicos para estimular la economía en tiempo de crisis, Cantabria opta por el ajuste y ya ha acotado con mucha anticipación el 1% de déficit permitido para 2014. Otras comunidades son más flexibles. Sin ir más lejos Murcia, uniprovincial y gobernada por el PP como Cantabria, que duplica el nivel que le fue asignado. Pero esa laxitud no le ha servido, apuntan desde el Ejecutivo regional, para suavizar los recortes en los servicios básicos ni para reducir el desempleo por debajo del 29%.
Así que el déficit es innegociable. La situación ya no es la de 2012, cuando hasta las nóminas de los funcionarios estuvieron en el alambre, pero la consejera económica, Cristina Mazas, a quien corresponde la poco grata función de mantener la disciplina, no baja la guardia para asegurar las prioridades: recursos para sanidad y educación, políticas de empleo, hacer frente a la elevada deuda o sostener la agilidad en el pago a proveedores.
De ese rigor dan cuenta las quejas –más o menos soterradas– de los demás departamentos del Gobierno, obligados a paralizar partidas ya comprometidas que se irán autorizando periódicamente a lo largo del ejercicio, con arreglo al buen cumplimiento del déficit. En definitiva, un freno a la ‘alegría’ en el gasto que tiende a exacerbarse a medida que se acerca la cita con las urnas.