‘No firméis nada que no tenga todas las bendiciones de los responsables técnicos. Van a por nosotros’. El consejo bienintencionado se ha ido convirtiendo en una advertencia imperativa desde las altas instancias del Partido Popular a sus alcaldes, a medida que se acumulaban las acciones judiciales. La campaña de la oposición contra el PP en el ámbito municipal a la que ha aludido su líder, Ignacio Diego, no se traduce solamente en las mociones de censura –la ya materializada en Mazcuerras, la que avanza lentamente en Torrelavega y alguna otra en fase de preparación– sino que incluye una ofensiva legal contra diversos regidores que gobiernan en mayoría. Claro que el PP tampoco se queda quieto a la hora de acudir a los tribunales en busca de señalados dirigentes del PRC y el PSOE. La judicialización de la política cántabra evoca la etapa protagonizada por Juan Hormaechea y a lo largo del año preelectoral 2014 todavía crecerá en intensidad. Si los procesos abiertos se llevan por delante a alguno de los políticos implicados, ya se verá. Pero el objetivo principal, el ruido mediático a través del altavoz que suponen los tribunales, está garantizado.
La reciente petición fiscal de ocho años de inhabilitación para el alcalde de Polanco y diputado regional, Julio Cabrero, por la ejecución supuestamente irregular del polideportivo de Requejada, es el proceso judicial más avanzado, pero no el único, impulsado desde las elecciones de mayo de 2011, cuando el PP logró una victoria histórica, no sólo por la mayoría absoluta lograda en el Parlamento, sino también por ganar 58 de las 102 alcaldías de Cantabria. El PSOE es el principal promotor de las acciones judiciales, aunque también las hay del PRC, de alguna empresa y de particulares. La acusación de prevaricación administrativa es la más frecuente.
Algunos casos: el alcalde de Castro Urdiales, Iván González, está imputado por apoyar un complemento salarial de dos funcionarios –en una de las múltiples causas abiertas por el juez Acayro en la convulsa política castreña– y también debe hacer frente a una querella de Ascán por la gestión del agua. El regidor de Santa María de Cayón, Gastón Gómez, tiene pendiente una querella del PRC por presuntas irregularidades en obras, proyectos y gastos, y el PSOE ultima otra de similar naturaleza. La alcaldesa de Villaescusa, Almudena Gutiérrez, está imputada por indicios de ilegalidad en 42 asuntos urbanísticos y al de Santa Cruz de Bezana, Juan Carlos García, el PSOE le ha denunciado por el pago de facturas de la limpieza viaria. Carlos Cortina, en El Astillero, entre otros muchos frentes, afronta un pleito subsiguiente al fraude en el pago del IVA en el año 2003, en el que la oposición quiere involucrar a quien era entonces el alcalde, el propio Ignacio Diego.
‘Caza mayor’
Si el PP pone las ‘víctimas’ en el asedio judicial en los municipios, en el ámbito regional lleva la voz cantante, por mediación del Gobierno regional, con una apuesta por la ‘caza mayor’ que de momento se sustancia en dos consejeros del anterior Gobierno de coalición, el regionalista Francisco Javier López Marcano y el socialista Ángel Agudo. El cerco se estrecha en torno a López Marcano con la apertura de juicio por las supuestas irregularidades en la construcción de la ‘casa de los gorilas’ en Cabárceno, un asunto que el PP ya manejó como munición de alto poder explosivo en la comisión de investigación del Parlamento que se desarrolló la última primavera. El juez instructor ha dictado auto de juicio oral sin esperar al último recurso del exconsejero, quien, de no prosperar este trámite, podría sentarse en el banquillo en unas pocas semanas para jugarse su futuro político. Es muy significativo que el fiscal del caso haya solicitado una pena mayor –nueve años de inhabilitación– que la acusación pública ejercida por Cantur, o sea, por el Gobierno del PP.
López Marcano está también implicado en la querella que Cantur anunció el 18 de octubre para el esclarecimiento de la compraventa del Racing, junto al exconsejero y actual presidente del PSOE, Ángel Agudo, su colaborador Luis Egusquiza y Jacobo Montalvo.
Solo 25 días después de que Cantur acordase iniciar la acción judicial, el 12 de noviembre, una sentencia devolvió a Montalvo la propiedad del Racing. Así que ahora en el Gobierno y en el PP hay opiniones encontradas sobre la oportunidad de incluir a Montalvo  en la querella, que todavía está en fase de preparación.
Por un lado, la búsqueda de soluciones para el Racing que el Gobierno apoya se vería enturbiada por un pleito contra el dueño del club. Sin embargo, la estrategia legal contra Agudo y Marcano necesita ser sustentada por la participación de Montalvo en la operación, incluidas las supuestas presiones políticas que el empresario reveló haber recibido en su día para comprar el Racing a cambio de la prometida adjudicación del Ecoparque del Besaya. De cómo evolucionen los contactos entre el Gobierno y Montalvo dependerá también el rumbo de la querella.