La crisis de Sniace ha llegado al punto límite que ya era previsible cuando estalló, nueve meses atrás: las fabricas cerradas, el concurso de acreedores por una deuda de 150 millones de euros y los más de 500 trabajadores con la carta de despido en el bolsillo. Entre el plan de viabilidad de la empresa, insuficiente en su dotación y fiado en última instancia al dinero público, y la estrategia dominante en el comité de empresa de defender todo el empleo, apenas había resquicio para intentar el acuerdo en la negociación. El Gobierno de Ignacio Diego está dispuesto a mediar, pero a distancia para no ‘quemarse’ demasiado en un trance tan delicado.
Y no lo va a tener fácil, ante la presión de la empresa y de los trabajadores en esta situación crítica. Cuando la empresa ganaba dinero, cotizaba al alza en la Bolsa, repartía beneficios, había ‘tiros’ para entrar en el Consejo y cobrar las dietas, y se firmaban razonables convenios, era la gestión brillante de una compañía privada. Pero al llegar los malos tiempos, y consciente de la gran trascedencia socio-económica de la empresa en la comarca, Sniace reclama una suerte de estatus de empresa pública, algo así como lo que ha sucedido durante años en la minería asturiana. Sin ir más lejos, en su última oferta, Sniace cargaba las 146 prejubilaciones a la cuenta del erario público. Como si no hubiese más parados en la región. O quizá, como si guardase en la memoria que para resolver la durísima crisis de Sniace de los años noventa  el Gobierno de Cantabria, la caja pública, pagó ese mismo peaje, unos 340 millones de pesetas de la época.
En el entorno de Sniace, en la comarca del Besaya, en el Gobierno del PP y en los partidos de la oposición, PRC y PSOE, se comparte la idea de que la negociación todavía es posible, que ‘hay partido’ por jugar todavía, aún con el concurso de acreedores abierto y los despidos en trámite. Que la empresa ha optado por tomar una posición de fuerza hasta el punto de rechazar inicialmente, con una actitud rayana en la grosería, la petición del Gobierno de retomar la negociación. Que el Consejo de Sniace prefiere hacerlo con las 515 cartas de despido en poder de sus destinatarios y medir entonces el grado de unidad de la plantilla, que por momentos se ha tambaleado en estos días, a la hora de rechazar cualquier ajuste y lanzarse a la movilización general.
Por concretar ese contexto favorable a una nueva fase de negociación: ¿Por qué Sniace, sus accionistas, querrían cerrar definitivamente cuando hay negocio en la celulosa, y posiblemente también en la cogeneración, a partir de un ajuste laboral adecuado?
Y los terrenos en desuso, claro. Una enorme superficie con un gran valor potencial para una empresa totalmente huérfana de liquidez. Pero en ese ámbito, el Ayuntamiento de Torrelavega y el Gobierno regional tienen mucho que decir, mucha capacidad de presión sobre el Consejo, descabezado por los problemas de salud del presidente, Blas Mezquita, y con opiniones encontradas en su seno.
El alcalde, Ildefonso Calderón, ha subrayado reiteradamente las posibilidades que ofrecen esos terrenos y su disposición a favorecer una recalificación hacia el sector industrial terciario –usos logísticos, comerciales, etc– siempre que ello repercutiera en la preservación del empleo en Sniace y en la creación de puestos de trabajo para Torrelavega y su comarca.
Mediación y consenso
El Gobierno regional vuelve a ensayar estos días el papel de mediador, pero no ya desde una posición neutral sino del lado de los trabajadores, frente a la empresa que les ha ‘engañado’, tal como Ignacio Diego ha descrito la situación. Una respuesta a la gran presión que Sniace ha ejercido sobre el Ejecutivo desde el comienzo de la crisis, que ni siquiera amainó cuando logró atenuar el impacto de las medidas energéticas, fiscales y medioambientales sobre las cuentas de la compañía.
En realidad, el PP ya estaba advertido que su decisión, acertada o no, de frenar cuando llegó al Gobierno el crédito para la planta de bioetanol iba a tener consecuencias y debía estar preparado para reaccionar, por ejemplo con un plan alternativo en los terrenos de Sniace o la ubicación en el Besaya de alguno de esos proyectos empresariales que negocia en México y en España.
Es evidente para todos que la crisis de Sniace, el cese de la actividad y el despido del medio millar largo de trabajadores, tendría un gran impacto en la economía de la comarca del Besaya. También en la política, a un año y medio de las elecciones. A la espera de que el escenario se aclare, el Gobierno evalúa planes de acción, que siempre serán más operativos en un clima de consenso político, sobre todo si se trata de jugar ‘al límite del reglamento’ el partido por la supervivencia de Sniace y su plantilla. El PP no ha explorado todavía esa opción del acuerdo político, pero advierte con claridad una posición más constructiva en el PSOE –con ofertas concretas de pacto– que en su principal adversario, el PRC de Miguel Ángel Revilla.