Hace justamente un año, en mayo de 2012, Ignacio Diego acudió a la Casa de Cultura de Vega de Pas a explicar a los vecinos el proyecto del teleférico al Castro Valnera. Hacia el final de la reunión, unos jóvenes ecologistas plantearon al presidente el asunto del “fracking“, que ya entonces daba mucho que hablar en la comarca. Diego “toreó” bien aquel lance y, sin comprometerse, vinculó la futura posición del Gobierno de Cantabria a los estudios que la Universidad realizase sobre el impacto en la salud y en el medio ambiente de la fractura hidráulica para la extracción de gas. El debate se hizo efervescente durante todo el verano hasta que el jefe del Ejecutivo resolvió prohibir este procedimiento en Cantabria sin que hubiera pronunciamiento académico. Su toma de decisión tiene fecha y lugar precisos: el 15 de agosto, en la pradera de Valvanuz, donde pasiegos y carredanos honran ese día a su patrona desde tiempos inmemoriales. En aquella fiesta multitudinaria, en múltiples conversaciones y corrillos con alcaldes y vecinos de la zona, Diego pudo constatar personalmente que la oposición al “fracking” no se limitaba a los grupos conservacionistas sino que había calado profundamente en toda la población. Las concurridas asambleas celebradas esta semana en Vega de Pas y San Pedro del Romeral no dejan lugar a dudas.
La prohibición del fracking ha sido aprobada en el Parlamento por unanimidad, pero la ley no ha acabado con el gran debate entre el PP y la oposición PRC/PSOE, en el que se intentan camuflar las flagrantes contradicciones de unos y otros. El anterior Gobierno de coalición concedió permisos en Cantabria y los populares se pronuncian contra esta técnica aquí y la apoyan en Madrid.
Y en medio de la polémica, la gran incertidumbre que supone el proyecto de Repsol de evaluar la extracción del gas en la zona pasiega con una inversión cifrada en 30 millones de euros en seis años, que incluye en la fase inicial la perforación de un pozo de 2.500 metros de profundidad.
El poderoso grupo energético tiende a ignorar la prohibición acordada en la Cámara regional porque cuenta con el aval del Gobierno de España y del ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, quien, como admite el propio Ignacio Diego, se ha molestado por el veto de Cantabria a la fractura hidráulica. Queda por ver si el ministro recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley cántabra que prohibe el fracking, por su colisión con la política energética del Gobierno de la nación. El plazo para este trámite concluye el 26 de julio.
Repsol hace “lobby”
El proyecto de Repsol camina despacio. Por el momento no ha conseguido ninguna licencia y afronta el largo trámite del informe de evaluación ambiental. Entre tanto, el grupo aprovecha el tiempo para hacer un poco de “lobby”. Esta misma semana, dos ejecutivos de Ripsa, la división de investigaciones petrolíferas de la compañía, se han reunido con ediles de San Pedro del Romeral y Vega de Pas para explicar sus planes.
Los directivos de Repsol aseguran que los avances técnicos de los últimos años han atenuado en gran medida los riesgos del fracking. También subrayan que el hecho de haber elegido Cantabria para una inversión tan importante, frente a otras opciones que manejaba en España, merece ser ponderado.
La compañía tiene localizados cuatro posibles emplazamientos en zonas altas de Vega de Pas y San Pedro Romeral para la perforación profunda, que ya han sido explorados, algunos de ellos sin conocimiento de sus propietarios, a los que eventualmente están dispuestos a presentar generosas ofertas.
Antes de acometer el pozo de 2.500 metros de profundidad, la investigación de Repssol prevé otro que denominan somero, de unos 300 metros, para evaluar la secuencia geológica de la zona. Esta perforación está prevista en el municipio de Santiurde de Toranzo, en una cota de altitud muy inferior.
Los directivos de Repsol ya han mantenido contactos, aparentemente improductivos, con el Gobierno regional, con el propio Ignacio Diego y con técnicos de Industria y Medio Ambiente, pero la compañía confía en que en último término se impondrá el criterio del Gobierno central favorable al fracking y en que, si llega el caso, el Tribunal Constitucional avalará sus intereses.
Alegaciones coordinadas
Mientras tanto, en la oposición al fracking caminan juntos el Gobierno regional y los ayuntamientos afectados. El martes pasado se han reunido los representantes municipales de Vega de Pas y San Pedro del Romeral con los de cuatro consejerías -Medio Ambiente, Industria, Sanidad y Ganadería- con el objeto de coordinar las alegaciones al informe de impacto ambiental del proyecto de investigación del fracking que tramita el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama). En esta reunión estuvo presente el consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández.
Las alegaciones que van a presentar aluden, entre otros aspectos, a la propia ley cántabra que prohibe la técnica y a las normas urbanísticas, a los riesgos en la salud y el medio ambiente, al impacto económico negativo, a la necesidad de un estudio exhaustivo por parte de la Universidad y, desde luego, a la contundente oposición de los pasiegos al fracking.