Iba a ser una inversión multimillonaria en euros, la más importante en la historia de Cantabria, el “maná” que crearía miles de empleos justamente cuando la crisis empezaba a arreciar en Cantabria. Fue también una dura batalla política de los grupos conservacionistas y el PP en la oposición contra el Gobierno PRC/PSOE, en la que no faltaron imaginativas infografías de la Bahía de Santander en medio de un tupido bosque de molinos de viento. Finalmente, el Plan Eólico ha quedado reducido a una quimera por obra y gracia de los tribunales de justicia. Hay que empezar de cero, en el caso de que el actual Ejecutivo y las empresas del sector crean factible darle una segunda oportunidad al negocio del viento.
Casi 1.400 megawatios de potencia eólica para instalar en siete zonas geográficas 750 aerogeneradores, 2.000 millones de euros de inversión, 2.500 empleos estables y muchos miles más indirectos, en la construcción de los parques eólicos y en los proyectos industriales que obligatoriamente deberían crear las empresas adjudicatarias. Cuando en el otoño de 2009 quedó cerrada la convocatoria del concurso, la prolija documentación de las 51 ofertas presentadas colapsó las dependencias de la Consejería de Industria. Allí estaban las grandes empresas multinacionales del sector de las energías renovables y también muchos grupos cántabros de ámbitos y volúmenes muy diversos, algunos consolidados y otros nuevos, todos a la caza de un trozo del “pastel eólico”, un negocio basado principalmente en las jugosas primas que la Administración pagaba entonces para alentar la producción de energías limpias.
La “guerra de la selección”
El proceso de selección de los siete grupos adjudicatarios duró ocho meses. Había un comité técnico y otro formado por altos cargos del Gobierno bipartito para la evaluación, pero en realidad era el PSOE de Dolores Gorostiaga el que manejaba los hilos. La última fase fue convulsa, opaca y llena de presiones económicas y políticas, una “guerra de lobbies” ajena a consideraciones técnicas. Un aspirante se incorporaba por la mañana a la “quiniela de ganadores” y otro se caía por la tarde, y así todos los días.
Finalmente, en junio de 2010 el Gobierno dio a conocer la ansiada lista: dos líderes mundiales del sector, EdP (Energías de Portugal) e Iberdrola Renovables, y otros cinco grupos con presencia cántabra creados para la ocasión, con o sin vinculación a las energías renovables (Instituto de Hidráulica, Banco Santander, Sniace, Glezco, Ascán, Apia XXI, E.ON…). En la “batalla” se quedaron fuera compañías como Acciona, Unión Fenosa y hasta Gamesa, la única que fabrica en Cantabria material para la producción de energía eólica.
Tras el fallo del concurso, trascendió que entre la amplia relación de empresas y entidades adjudicatarias había hasta tres socios del Gobierno regional y que algunos miembros del comité evaluador del concurso, estaban vinculados a otra como patronos de una fundación paralela.
El PRC mantuvo un perfil bajo a lo largo de toda la tramitación del Concurso Eólico, en parte porque era el “proyecto estrella” que el PSOE se reservaba como gran escaparate electoral, pero también porque el partido de Revilla intuía que buena parte de sus votantes no eran partidarios de los molinos de viento que iban a florecer en la geografía cántabra.
«Así lo perdemos seguro»
Y sin embargo, fue el PRC el que advirtió a sus socios de Gobierno, a través del consejero Vicente Mediavilla, que el Concurso Eólico tenía graves deficiencias legales porque contemplaba una potencia instalada de 1.400 megawatios cuando el Plan Energético vigente la acotaba a 300 -entre cuatro y cinco veces menos- y por la flagrante ausencia de informe de impacto ambiental. Por eso procedía incorporar a la resolución del concurso algunas cautelas que “maquillasen” tales carencias, frente a los recursos judiciales de ARCA y el Ayuntamiento de Liérganes. El informe de situación jurídica que manejaba el Gobierno ya en enero 2009, seis meses antes de la adjudicación, era: «Tal como está, lo perdemos seguro en los tribunales. Con las cautelas, a lo mejor hay alguna posibilidad de salvarlo».
No la hubo. El Ayuntamiento de Liérganes, gobernado por el PSOE tras el 22-M, retiró su recurso, pero ARCA mantuvo el suyo. Primero no le concedieron la paralización del concurso que pedía, y eso tranquilizó un poco a sus impulsores, pero los jueces aún no habían entrado en el fondo del asunto. Cuando por fin lo han hecho, la sentencia ha sido demoledora: El proyecto más ambicioso de la historia regional es ya un papel mojado.
¿Y ahora qué?
El fallo judicial supone otro triunfo de ARCA y también del PP en su batalla política contra el Plan Eólico. Bien, ¿y ahora qué?
El Gobierno de Ignacio Diego quiere buscar el mayor consenso posible en torno al desarrollo eólico y explora en varias comunidades autónomas fórmulas para evitar otro largo concurso. Tiene también las reglas de juego: los 707 megawatios de potencia eólica que autoriza el nuevo Plan Energético 2011-2020, no más de 246 generadores en toda la región, y una previsión de 1.080 nuevos empleos, nada que ver con las decenas de miles de puestos de trabajo que “vendía” el Bipartito.
Queda por ver el interés que las empresas conservan por el desarrollo eólico de Cantabria, cuando el sector de las renovables en España está muy seriamente afectado, por la incertidumbre sobre el futuro de la política energética y sobre todo por la congelación de las primas para combatir el déficit de la tarifa eléctrica, 24.000 millones de euros. Por no hablar de los problemas de liquidez y financiación. En fin, la crisis galopante.

«O hay viento o hay primas»
Tampoco el viento sopla por igual en toda la geografía cántabra. En dos o tres de las siete zonas contempladas por el Concurso Eólico anulado, ubicadas al sur de la región, el aire sopla con fuerza suficiente como para hacer el negocio rentable. En las demás no salen las cuentas sin la inyección financiera de la Administración.
«O hay primas o hay viento», admite Manuel Huerta Terán, presidente de la Asociación Eólica de Cantabria. «Pero el sector en Cantabria tiene futuro, porque hay buen viento, y además es posible que las primas puedan volver a medio/largo plazo, cuando los parques estén en funcionamiento. De hecho, las empresas eólicas, o al menos algunas de ellas, hemos seguido tramitando megawatios en los últimos meses a pesar de la incertidumbre».
Las empresas eólicas tienen pendiente una reunión con el Gobierno. Sobre la mesa estará la advertencia de los adjudicatarios del concurso anulado de reclamar en los tribunales indemnizaciones por los daños y perjuicios, las inversiones ya realizadas, que también difieren mucho de unos a otros. En todo caso, la amenaza no parece haber impresionado mucho al Gobierno.
«Para eso están los tribunales, para que la gente acuda a defender sus derechos si cree que le asiste la razón», dice Eduardo Arasti, consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico. Arasti cree que el desarrollo eólico deberá tener futuro por sí mismo, dentro de las coordenadas que marca el nuevo Plan Energético. «No se puede plantear un negocio en base a subvenciones. Hay que buscar las inversiones “sanas”, aquellas que generen riqueza por su propia actividad. Hay muchos ejemplos en Cantabria de empresas que están compitiendo a gran nivel dentro y fuera de España».

Fugas, incertidumbre, parón
Pero las empresas lo ven de otra forma. EdP, tercer productor mundial de energía eólica, que obtuvo el mayor de los siete “paquetes” del concurso cántabro, ha paralizado todas sus operaciones en España por la suspensión de las primas. Así lo admitió abiertamente su consejero delegado, João Manso Neto, durante la presentación del plan estratégico 2013-2015 en Oporto.
Iberdrola Renovables, líder mundial, segundo adjudicatario en Cantabria, también se propone concentrar su actividad eólica en otros países. A través de la sociedad formada para el concurso, Biocantaber, explican que sus servicios jurídicos siguen estudiando la sentencia que lo anula para valorar si recurren al Supremo y piden indemnizaciones. Al mismo tiempo, reconocen que el desarrollo eólico en Cantabria está rodeado de una «incertidumbre total» y de «inseguridad jurídica» que puede traducirse en «cuatro años más de parón» si hay que empezar de cero con un nuevo proceso de adjudicación.
«Biocantaber -afirma- era uno de los grupos que más habían avanzado en el desarrollo eólico en Cantabria, con la tramitación de dos parques y el desarrollo de un proyecto de I+D+i, con instalaciones y personal, todo lo cual ha supuesto una inversión global de unos tres millones de euros».