¿Pena de muerte?

Asistimos estos días a una grave escalada de marchas, paros y bloqueos de caminos y carreteras en todo el país, motivada por diferentes reivindicaciones sociales. Desde controversias por límites geográficos departamentales hasta requerimientos de los médicos o las víctimas de pasadas dictaduras.

El Gobierno prueba así su propia medicina, pues fueron los bloqueos el medio más utilizado por el actual Presidente, cuando formaba parte de la oposición, para dar a conocer sus constantes reclamaciones.

Pero una de las preocupaciones mayúsculas de la población tiene que ver con la inseguridad ciudadana. En urbes como Santa Cruz, Cochabamba o El Alto, resulta peligroso aventurarse por ciertos barrios debido al miedo a ser asaltado por los antisociales, como aquí se dice. Llevar dinero o un teléfono celular es suficiente razón no sólo para que los roben sino incluso para poner en riesgo la propia vida. Y si el sufrido peatón, sea joven o adulto, no lleva algo de valor, también ello es motivo para jugarse la vida.

No faltan los asaltos a domicilios, tiendas o instituciones. Nada ni nadie se libra de esta plaga. Incluso, en zonas céntricas a mediodía o suficientemente iluminadas de noche.

Es particular el caso de El Alto, la ciudad populosa situada a pocos minutos de la Sede de Gobierno, La Paz. Los taxistas temen a los llamados cogoteros. Asaltan dentro de los vehículos con el agravante de que degüellan a sus víctimas para no dejar testigos.

Tal es la indignación de muchos ante esta situación que se ha impuesto en algunos casos la mal llamada justicia comunitaria. En seguida están adivinando los lectores que se trata de tomarse la justicia por propia mano. Así que en El Alto, los antisociales sorprendidos infraganti bien pueden ser apaleados y hasta quemados vivos. Es como decir: es la hora de la venganza. Y el riesgo está en que suelen morir justos por pecadores. Llevados de instintos primitivos, la violencia sólo engendra más violencia.

Subrayo un caso cercano a Sucre. En Quila Quila, comunidad chuquisaqueña, robaron en su capillita. Los comunarios (vecinos) apresaron a los autores, los maniataron y después de un par de días de desconocer qué paso en dicho lugar, la policía descubrió sus cadáveres, enterrados a la vera del templito. La irritación fue general: está mal robar, pero peor es el vil asesinato.

La justicia comunitaria es una medida ancestral, practicada sobre todo en el mundo rural. Figura jurídica reglamentada por las leyes que en ningún caso contempla la condena a muerte.

Sin embargo, tal es la rabia de muchos ante asaltos y asesinatos que se han alzado voces pidiendo la pena de muerte. Exigencia ésta absolutamente anticonstitucional. Es curioso: mientras en la mayoría de los países se exige su abolición, por considerarla inhumana e ineficaz, un gran número de ciudadanos la piden a gritos por nuestras calles. Esto da idea del cansancio a que está sometida la población.

La Iglesia ha salido al paso en seguida defendiendo el primer derecho humano, el más básico: la vida. Y reclamando medidas preventivas eficaces. Desde programas extensos de educación en valores en escuelas y colegios hasta una mejor calidad de las cárceles para que sean rehabilitadoras y no nido de futuros y reincidentes delincuentes.

Así están las cosas. Claro que lo que hoy se grita por estos lares, mañana o pasado ya parece que se ha olvidado. Desde luego en esto de la pena de muerte, mejor que mejor. Mejor que se olvide. Al fin y al cabo pienso que la vida siempre se abrirá paso.

¿Qué decir de esa otra condena a muerte, a seres inocentes, que es el flagelo del aborto?

NO y NUNCA a la pena de muerte. A cualquier tipo de pena de muerte.

[Fuente: altoestadodeinconsciencia.blogspot.com]

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El Diario Montañes

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