Por Jesús Cabezón
Cuando sonaron las alarmas (y los teléfonos) de que los mercados dudaban de la solvencia de la economía española para hacer frente a los pagos derivados de su deuda, no quedó más remedio: recorte de los sueldos de los funcionarios, freno a la inversión pública, reforma del sistema de pensiones, desaparición de ayudas, cierta pretensión liquidatoria de las Cámaras de Comercio, la aparición de un espíritu exigente a las Cajas de Ahorros con más presión y descaro que a la banca privada, porque era esa banca quien propiciaba las exigencias a las Cajas y la salmodia del reiterado ‘cambio de modelo productivo’, que como todos los cambios estructurales tardan en concretarse y, mientras, el paro sigue desbocado y la capacidad de gasto de las Comunidades Autónomas parece un saco sin fondo.
El gobierno central ha hecho parte de sus deberes, sin contar con el apoyo de la oposición política y de los agentes sociales, un apoyo que hubiera resultado básico para devolver confianza a los mercados, a las empresas y a los ciudadanos.
Los objetivos de déficit fijados en el Plan de Estabilidad para el periodo 2011-2014 son exigentes y se necesitan los ajustes fiscales que permitan alcanzar el necesario equilibrio económico-financiero, pero es más necesario aun conseguir los instrumentos que hagan más competitiva a nuestra economía. Porque si no crece la economía, no habrá ajuste del déficit y no se creará empleo.
Para cumplir esos objetivos (menos gastos y más ingresos) el gobierno central aplicará sus planes de ajuste, pero en la misma proporción deberán aplicarse las comunidades autónomas y los ayuntamientos. No cabe camuflar o maquillar las cifras.
Los mensajes duros no son cómodos para tiempos de campañas electorales, pero lo honesto y exigible sería que en los discursos electorales se escucharan menos ocurrencias sobre lo imposible y más concreciones sobre los ajustes necesarios e inaplazables.

