El presidente de Sniace, Blas Mezquita, anticipaba el domingo pasado, en una entrevista concedida a este periódico, el paulatino retorno a la actividad, a partir de septiembre, de las fábricas cerradas en el otoño con el despido simultáneo de su medio millar de trabajadores. Al día siguiente, lunes, el consejero de Innovación e Industria, Eduardo Arasti, se despachaba por el mismo conducto con una durísima crítica a la capacidad de gestión del equipo directivo de Sniace y al propio Mezquita, al que hacía directamente responsable de la quiebra de la compañía. La secuencia ha sido, aparentemente, desconcertante y extemporánea: ante la posibilidad esperanzadora de resucitar el emblema industrial de Torrelavega y su comarca con 350 o 400 empleos, la descalificación en toda regla de quienes formulan ese objetivo.
Y no, no era un ‘calentón, o no solamente, porque Mezquita desvelase públicamente el plan ni por aludir al hecho de que el compromiso del Gobierno de propiciar cambios en la normativa ambiental o en la fiscalidad energética no haya tenido plasmación en el Boletín Oficial del Estado. La respuesta del Gobierno de Ignacio Diego, perfectamente medida, era justamente lo que parecía: subrayar la desconfianza y la falta de credibilidad en el mensaje de Mezquita, en la voluntad de los accionistas de Sniace para poner o buscar el dinero que hace falta para reflotar la empresa y en su capacidad para gestionar su futuro industrial después de no haber sido capaz de producir «ni negocio ni beneficio» durante los últimos años.
El dictamen de los administradores concursales proyecta, ciertamente, un tenue haz de luz sobre Sniace, aunque sea rodeado de sombrías incertidumbres: la gigantesca deuda de 193 millones de euros y sus todavía ignotas condiciones de quita y carencia de pago, el dudoso valor de los activos, la necesaria y costosa renovación industrial, el posicionamiento en el mercado, la incierta sentencia judicial sobre procedencia (o no) de los 500 despidos, la situación de los trabajadores de mayor edad… Ese es el paisaje de precariedad y de dudas en el que Sniace está inmersa y desde el que tendrá que convencer a los acreedores y al juez para evitar la liquidación con el argumento de que la empresa tiene un futuro por delante.
Para el Gobierno, el rumbo de Sniace solo puede cambiar con una potente inyección financiera más la determinación y la capacidad de un nuevo consejo de administración, centrado en el futuro industrial y no sólo en la fluctuación del valor de sus acciones. Un nuevo liderazgo empresarial para enfrentar la quiebra como el que en su día tomó las riendas de Ferroatlántica o más recientemente las de B3 Cable o Candemat.
Al Ejecutivo de Ignacio Diego nunca le gustó el consejo de administración de Sniace y ahora todavía menos, tras la crisis que desembocó en el cierre de la empresa y que sirvió de decorado y excusa para el desalojo del alcalde popular de Torrelavega, Ildefonso Calderón. Con este equipo al mando solo intuye para el futuro el tratamiento paliativo de un enfermo crónico. Un escenario probable y temido es que, llegado el caso de arrancar las fábricas dentro de unos meses, la empresa reclame el tradicional ‘engrase’ de dinero público –o de créditos bancarios avalados por la Administración, que es una fórmula más presentable, pero equivalente– en una estrategia respaldada por la presión en las calles y el intenso debate político a solo unos meses de las elecciones. Y hasta la próxima crisis.
La ‘prueba del algodón’
La ‘prueba del algodón’ sobre los propósitos reales de Sniace será el hasta ahora evanescente plan de viabilidad de Sniace, del que tanto se habla sin que de una vez por todas se conozca con concreción qué se quiere hacer con los procesos de producción y los activos de la empresa, y cuál es la financiación con que la compañía cuenta para ello. A través de sus accionistas actuales o con nuevos socios, quizá con los inversores o compradores que han mostrado su interés en participar, según el informe de los administradores concursales. La ambigüedad en torno al plan de futuro también empieza a cansar a los trabajadores. El moderado optimismo insuflado por las declaraciones de Mezquita sobre la reapertura en septiembre se enfrió mucho en la subsiguiente reunión con los directivos de Sniace. No lo ven nada claro.
O sea, como el Gobierno regional, que sí estaría dispuesto a prestar más apoyo a Sniace a partir de un proyecto de futuro creíble y solvente. Si lo ha hecho para atraer a Tubacex y Santander Coated Solutions, o para intentar (con poca fortuna) reflotar a Nestor Martin, cuanto más en Sniace, cuyo cierre supuso el hito más negro de la crisis industrial de Cantabria. El retorno de la empresa torrelaveguense a la actividad con garantías supondría no sólo un recorte a la larga lista del paro, sino también el símbolo de un cambio de tendencia favorable en la economía regional. Justamente lo que espera el Gobierno como agua de mayo.