Después de una semana de volver de Bruselas, de intervenir ante el Parlamento Europeo, de hacer más cerca de
Que diferencia con el trato recibo de nuestro Parlamento, incluso de TSJC. En fin, parece que hay poco interés por saber que soluciones y propuestas nos da el Parlamento Europeo.
Seguimos poniendo la otra mejilla, esperando que los culpables de nuestra situación,
¿Realmente les importa algo nuestra situación?. ¿Si Ud. fuera el Consejero del Ramo tendría alguna curiosidad por las soluciones o recomendaciones que les proponen desde el Parlamento Europeo?.
Últimamente nos comentaban que el Sr. Mazón estaba trabajando muy duro para dar soluciones. Esperamos que esas soluciones que piden y reclaman instituciones de tanto prestigio como El Defensor del Pueblo, El Parlamento de Cantabria y desde el Parlamento Europeo se hagan realidad, nuestras desesperación después de tantos años es total y la falta de sensibilidad de este Gobierno agrava el sufrimiento de nuestras familias.
En otras comunidades parece trabajan y se ven los frutos, en Cantabria después de 15 años ahora día de hoy ní una solución real.
El diputado socialista Manuel Fajardo durante una de sus intervenciones en el debate de la ley de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y de ordenación del turismo. El diputado socialista Manuel Fajardo vaticinó que esta nueva ley canaria quedará paralizada en cuanto el Gobierno central presente el correspondiente recurso de inconstitucionalidad, al igual que ha ocurrido con una norma similar aprobada en Galicia. La ley aprobada, que supone una modificación de las leyes canarias de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales Protegidos, establece como áreas urbanas todas las que tengan acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica. También se establecen como urbanas las áreas que comprendan terrenos consolidados por la edificación al menos en dos terceras partes de su superficie si el planeamiento municipal estuviera en vigor, o la mitad de su superficie si no fuera así. Se determina que “la administración urbanística” fijará el límite interior de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y establecerá la ordenación de los terrenos. Además, el Gobierno de Canarias realizará un censo de edificaciones ubicadas en el dominio marítimo-terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y de protección que tengan “valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco” para que puedan ser consideradas en concesiones y autorizaciones. La diputada del PP Cristina Tavío dijo que esta modificación legal supone “una defensa de los intereses del pueblo canario”, ya que muchas familias “no pueden dormir” desde que hace cinco años el Gobierno central empezó a aplicar de forma “tortuosa, arbitraria y sectaria” la Ley de Costas. Antes de la llegada del PSOE al Gobierno de la nación se reconocían los núcleos urbanos consolidados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, dijo, pero después los socialistas decidieron demoler esas viviendas. También acusó al PSOE de aplicar distintas varas de medir en la aplicación de la Ley de Costas según si la propiedad de las edificaciones afectadas es de personas con el carné del partido o no. José Miguel González, de Coalición Canaria, también denunció el “trato injusto” de la Dirección General de Costas “a una serie de localidades y construcciones históricas”. Aseguró que esta nueva normativa es constitucional y “defiende los intereses de los canarios” frente a la inflexibilidad de la Dirección General de Costas, “excepto cuando afecta a personas vinculadas al PSOE”. Manuel Fajardo, del grupo Socialista, dijo que no se puede hacer una ley que trata por igual todos los casos, porque hay edificaciones que tienen cincuenta años y otras muy recientes. Por eso es preciso “hacer un mapa” para conocer “los puntos conflictivos” y tratar caso por caso. Recordó que los representantes políticos tienen la obligación de “defender lo público” y por eso no se puede tratar de la misma manera a personas que hacen obras en dominio público y que en todo caso tienen la vía judicial para defenderse. “Estamos de acuerdo en negociar y hablar con las familias, que se den concesiones a los que tienen derecho, caso por caso, núcleo a núcleo”, afirmó El Parlamento canario cambia la ley para evitar derribos en núcleos costeros
