POR UNA CANTABRIA MAS JUSTA

MÁS DE 1000 FAMILIAS EN CANTABRIA, PEDIMOS JUSTICIA, QUEREMOS NUESTROS HOGARES

Una solución viable

CERRIAS I

«¡Legalización, es la solución!»

Unos 300 afectados por las sentencias de derribo se manifiestan entre Liencres y Cerrias para pedir la modificación del Plan de Ordenación del Litoral

IRENE RUIZ / LIENCRES
Hay que modificar el Plan de Ordenación del Litoral (POL) para legalizar las viviendas de Cerrias, que cuentan con sentencias de derribo. Esa es la conclusión que se saca de la reunión mantenida ayer lunes en Liencres por los propietarios de las viviendas de Cerrias I, acompañados por afectados procedentes de otros puntos de la comunidad autónoma. El encuentro estuvo organizado por AMA (Asociación de Maltratados por la Administración), cuyo presidente Antonio Vilela valoró muy positivamente la opción de modificar puntualmente el POL para salvar las viviendas.

«Es una solución viable, aunque no sin dificultades», apuntó, como todo cambio legislativo, y recalcó que el presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, puede poner esta medida legalizadora en marcha para evitar los derribos. «Y si alguien tiene una idea mejor, que la ponga sobre la mesa», sentenció, apostillando que introducir la excepción en el POL no es solo útil para Cerrias, sino que la medida a tomar es «idéntica» para Arnuero y otras zonas especialmente afectadas por las sentencias.

Así lo dijo ante unos 300 afectados y simpatizantes en una asamblea celebrada en el Centro Municipal de Liencres, previo a la manifestación que les llevó hasta la urbanización de Cerrias I. Varios de los propietarios se mostraron también a favor de esta solución, la «única» legal que por el momento les permitiría conservar sus viviendas. Durante la protesta los afectados corearon lemas como ‘¡Legalización, es la solución!’, ‘Revilla culpable, Revilla responsable’ o ‘No nos derribarán ni una, ni una, ni una…’.

Vilela recordó que «los culpables» según el tribunal son «el Ayuntamiento y el Gobierno», que las sentencias sancionan a ambas administraciones y dice expresamente que «han cometido daños morales contra los afectados». «¿Por qué ante un hecho tan claro tenemos que seguir pagando día a día, auto a auto esta injusticia?», se preguntó.

Un plan que «no vale». Y es que el Plan de Actuación del Gobierno de Cantabria parece que «no vale» para los jueces, apuntó Vilela, puesto que el último auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) es posterior a dicho documento y lo «ignora». Dicho auto ordenó recientemente el derribo de Cerrias I, una urbanización de 17 chalés afectados por sentencias anteriores, y dio al Ayuntamiento un plazo de entre 15 días y 6 meses para cumplirla.

«Es una situación totalmente fuera de lugar», manifestó el presidente de AMA, recordando que en el Plan del Ejecutivo «ni siquiera se pide que se legalicen las viviendas», sino sólo una prórroga de seis años y medio para que diese tiempo a construir nuevas casas antes de derribar la urbanización y asegurando no entender cómo un plan en el que los técnicos del Gobierno han trabajado durante tanto tiempo no se tenga en cuenta. En su opinión, actuaciones como ésta producen «sorpresa y desamparo» y pidió que -puesto que han recibido el apoyo expreso de los portavoces parlamentarios de PP, PRC y PSOE- la Cámara autonómica eleve a rango de ley las propuestas recogidas en el plan, para que sean «de obligado cumplimiento para los jueces».

Por su parte la asesora jurídica de los afectados de Cerrias, Paloma Revenga, coincidió con el presidente de AMA en que el auto «ignora» el Plan del Gobierno, algo que denunciarán en el recurso de súplica que van a presentar mañana miércoles. Revenga observó, no obstante, que tanto la súplica como el siguiente paso, el recurso extraordinario de revisión, no entran «en el fondo del asunto» y que el único modo de revisar el caso en profundidad es acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Los afectados mantendrán el jueves un encuentro jurídico para plantear sus dudas y, el día 14, tienen una cita con el consejero de Obras Públicas, José María Mazón.

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PIÉLAGOS

Los vecinos de Cerrias señalan a Revilla

08.12.09 – 00:09 –

SHEILA IZQUIERDO | LIENCRES.

personas se manifestaron ayer para exigir al Gobierno una solución a los derribos

Los propietarios de las viviendas de Cerrias 1 exigieron ayer a las administraciones un esfuerzo por evitar que se ejecute la sentencia de derribo que pesa sobre sus casas. Lo hicieron en el transcurso de una concentración en la que participaron alrededor de 300 familiares, amigos y vecinos de Liencres, además de representantes de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), con los que antes tuvieron un encuentro. Fue el primer gesto público de unidad que mostraron los afectados, que en el acto dirigieron buena parte de sus críticas al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

Cansados y muy preocupados porque el tiempo se acaba y la solución no llega, los afectados dejaron clara su intención de que pelearán hasta el final por mantener sus casas en pie. Si es preciso, llegando a Estrasburgo.

Así lo acordaron en la reunión que mantuvieron con los representantes de AMA en el salón del centro municipal de Liencres y a la que también asistió, como ‘oyente’, el alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco. En ese encuentro, el presidente de la asociación, Antonio Vilela, mostró su apoyo a las familias de Cerrias y exigió responsabilidades a las Administraciones, a las que culpó de la situación de «desamparo que viven tanto éstos como los otros 664 afectados por sentencias de derribo en Cantabria». Quiere «que se le diga a cada uno cuál es la situación de su vivienda». A Vilela lo acompañaban otros representantes de la asociación: la asesora jurídica, Paloma Revenga, el secretario, Juan Luis Urrutia, y el portavoz, Marcos Campo.

Vilela, que se mostró «indignado», aseguró que AMA se va a poner a trabajar. «El próximo día 14 hay concertada una reunión con el consejero de Obras Públicas, José María Mazón», de la que esperan extraer algo en concreto. Al mismo tiempo, anunció la posibilidad de acudir al Tribunal de Estrasburgo, «única defensa a la que los vecinos de Cerrias pueden aferrarse».

También se refirió al recurso de súplica que prepara el Ayuntamiento de Piélagos y que, como ya publicó El Diario Montañés, los asesores jurídicos presentarán esta semana. «Vamos a trabajar con todasnuestras fuerzas», aseguró el presidente de AMA, acostumbrado a las movilizaciones: «nos hemos ido con dos cojones y un autobús al Parlamento para decirles que lo que estamos pasando es una vergüenza y que no vamos a aguantar que nos sigan humillando».

En este sentido también se manifestó la asesora jurídica de AMA, que se refirió a «la vergüenza que tiene que pasar un Ayuntamiento, un Gobierno o la Justicia cuando nos tenemos que dirigir a Estrasburgo porque ellos no son capaces de dar soluciones». Y continuó: «al final parece que el culpable es el propietario de la vivienda».

Las palabras de Pacheco

A pesar de que no lo tenía previsto, porque «yo he acudido aquí como oyente», Pacheco se dirigió a los asistentes desaconsejando una de las opciones que algunos de los afectados barajaron, como era la de modificar el Plan de Orden de Litoral (POL). El alcalde explicó que el Ayuntamiento trabaja sobre otra línea y recordó que en el auto de súplica que prepara su gabinete jurídico, se pide «que se suspenda la sentencia en tanto el Gobierno de Cantabria presenta un nuevo Plan de Actuación en lo referente al ámbito de la Unidad de Ejecución L-01 en Liencres» y «que se deje sin efecto la determinación de un plazo de finalización de ejecución sin perjuicio del puntual control de la actuación por parte de la Sala».

«Revilla, culpable»

Tras el encuentro, los representantes de la asociación, los afectados por la sentencia de derribo, familiares, amigos y vecinos de Liencres iniciaron una concentración que discurrió desde el local municipal hasta la urbanización de Cerrias. Durante la marcha, los manifestantes, entre los que se encontraban propietarios de otras viviendas en la mima situación (Arnuero y Argoños), portaron varias pancartas, entre ellas la que había presidido la reunión: ‘Contra la corrupción urbanística. Justicia y regularización’. Distorsionados, aparecían los rostros del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, la vicepresidenta regional, Dolores Gorostiaga y el alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco, que participó en la reunión pero no lo hizo en la concentración.

Gritos de «Revilla, culpable, Revilla, responsable», «legalización es la solución», se dejaron escuchar en el trayecto a Cerrias, en el que una de las asistentes portó un muñeco con la cara de Revilla. De tamaño natural.

Un poco más animados al sentir el respaldo de los centenares de personas congregadas en señal de apoyo, los vecinos se fueron concentrando al final del trayecto, Cerrias, donde 17 familias aguardan, esperanzados, a que sus casas sigan en pie.

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La Asociación de Maltratados por la Administración “no sabe” si el Plan del Gobierno sirve tras el último auto del TSJC
Los propietarios de Cerrías piden a las instituciones que busquen una solución en lugar de enfrentarse

Los propietarios de las viviendas de Cerrías, en Liencres (Piélagos) afectados por un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que ordena que se inicien los trabajos de demolición pidieron hoy en una manifestación a las instituciones cántabras que “trabajen todas para bucar una solución” en lugar de “enfrenterarse entre ellas para ver quien tiene la culpa”. “Ya no estamos en ese momento”, señaló a Europa Press Antonio Vilela, presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), entidad que agrupa a los afectados por las sentencias de derribo en municipios costeros de Cantabria.

Vilela recordó que el Tribunal Supremo ya ha establecido que las responsabilidades son compartidas entre el Ayuntamienoto y el Gobierno de Cantabria, a quienes pidió que se coordinen y “pongan en marcha su maquinaria jurídica” para responder al último auto. Recientemente, el TSJC ordenó el derribo de una urbanización de 17 viviendas situadas en Cerrías, afectadas por sentencias de demolición. Vilela recordó que se han producido al menos una docena de autos similares a este, pero este tiene la particularidad de ser el primero que se dicta tras la aprobación por parte del Gobierno de Cantabria de un Plan con medidas para las alrededor de 400 viviendas con sentencia de derribo.

En el citado plan se planteaba para esta urbanización una demora en el cumplimiento de la sentencia utilizando aprovechamientos de terrenos en otras zonas. Por eso, Vilela quiere ahora que los tribunales aclaren “si el plan del Gobierno vale para los jueces”. De no ser así, esta asociación aputna que debería acudirse al Parlamento de Cantabria para que se le diera rango normativo.

AMA acudió hoy a Liencres a apoyar a los vecinos afectados, que están pasando por un “sufrimiento terrible”, que se traduce, según Vilela, en problemas de salud, hasta el punto de que se dan “situaciones límite” como la de una de las propietarias ha experimentado un aborto, tal y como relató el presidente de esta asociación.

El acto, al que asistieron unas 300 personas, incluyó a las 11 de la mañana una reunión de trabajo en la que estuvieron el alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco; el pedáneo de Liencres, Francisco Javier Toraya y la asesora jurídica, Paloma Revenga, quienes les confirmaron que el Ayuntamiento quiere presentar un recurso de súplica contra este auto.

Posteriormente, iniciaron una manifestación desde el Centro Cívico Municipal de Liencres hasta la urbanización Cerrías I, afectada por el auto judicial que ordena su demolición.