Diario Montañés – REGIÓN
Desde el respeto que merece la justicias y sus representantes, pero también desde el derecho a la crítica cuando es ese el terreno en que realizan declaraciones, quiero mostrar mi disconformidad con el fiscal del Tribunal Supremo, el señor Antonio Vercher, cuando dice que «los derribos son la bestia negra de nuestra legislación». Son muchas las declaraciones del fiscal en este sentido, y desde nuestro punto de vista no entendemos su obsesión por el derribo de viviendas. Por lo menos como solución.
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Parece que no importan las circunstancias, ni las situaciones de viviendas, ni afectados, ni terceros de buena fe, ni aplicación de medidas correctoras. A derribar para escarmiento de familias inocentes y de próximas generaciones.
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Ya hubo otro compañero de tribunal que no hace mucho tiempo dijo «que el problema del urbanismo se solucionaba con emitir en el telediario el derribo de las viviendas». Posiblemente, el problema de la corrupción urbanística ya se haya acabado, con las imágenes de las personas que han salido en todos los medios de comunicación esposados y con bolsas de basura llevando sus pertenencias.
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Yo más bien creo que la bestia negra de nuestra legislación es la falta de medidas preventivas, cautelares, sobre todo su aplicación, para que no existan esas sentencias. Medidas que desde AMA hemos propuesto al Parlamento Europeo, como el registro de demandas para que ningún ciudadano pueda comprar un vivienda sin saber que existe un demanda sobre la misma. Medidas tendentes a que la Fiscalía actúe de oficio contra las construcciones ilegales desde su fase de inicio de construcción para que luego no hagan falta los cuantiosos gastos en los derribos. Porque al igual que en todas las enfermedades, y la corrupción urbanística es una enfermedad del tejido social que anida alrededor de las Administraciones, la solución son las vacunas, esto es, antes de extirpar hay que utilizar todas las medidas preventivas.
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Cómo es posible que los que tengan que soportar esta situación sean personas inocentes que han comprado sus viviendas con el esfuerzo del ahorro de una nómina. No los que han dado el ‘pelotazo’.
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Hace poco conocíamos el patrimonio del presidente del Gobierno y sus ministros. Que el ejemplo cunda en la demás administraciones. Que leyes cómo las de Régimen Local apliquen controles sobre el patrimonio de alcaldes y concejales con una declaración de su patrimonio a la entrada y salida del cargo. Reforzar la capacidad de fiscalización de los contratos y de los convenios en los planeamientos urbanísticos. Eso les hará más difícil caer en la tentación de meter la mano al cajón.
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Si yo fuera el señor Antonio Vercher estaría muy preocupado y actuaría de oficio o informaría al Fiscalía Anticorrupción, cuando el presidente de nuestra comunidad, el señor Miguel Ángel Revilla, dice que «recorren Cantabria personajes con fajos de billetes en los bolsillos intentando corromper la voluntad de alcaldes, concejales y funcionarios públicos».
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Pero hay que reconocer que el señor Vercher tiene razón. «Hay que utilizar más el cinturón de seguridad, beber y fumar menos». Esto es. Hay que conseguir usar menos cirugía y más medidas preventivas.
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Declaraciones del Sr. Fiscal de Urbanismo del T.S. Antonio Vercher
