Nueva sentencia del Supremo que define perfectamente las responsabilidades de las Administraciones. Siendo responsables solidariamentede los daños causados tanto el Ayuntamiento de Arnuero como el Gobierno de Cantabria.
Es una pena, que después de más de 15 años las familias que no tienen culpa de nada, a fecha de hoy, no tengan todavía una solución justa.
El Correo 3-11-09
El Supremo acorrala a las administraciones cántabras
Confirma que el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Arnuero deberán asumir las indemnizaciones por derribos
Aunque sea con 15 años de retraso, los tribunales se preparan para hacer justicia con los afectados por las órdenes de derribo dictadas contra más de 660 viviendas declaradas ilegales en Cantabria. Las administraciones han acabado acorraladas y la única salida viable pasa por resarcir a los afectados. Su huida hacia delante ha agotado el recorrido judicial y ya no podrán interponer más recursos a las sentencias condenatorias que reiteraban su responsabilidad en todo este proceso. Porque esta vez ha sido la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo quien ha confirmado que, tanto el Gobierno de la comunidad autónoma como el Ayuntamiento de Arnuero, deberán pagar los daños y perjuicios ocasionados por el derribo de 144 apartamentos en la playa de La Arena -aunque de momento sólo se haya ejecutado esta orden en el caso de 42 que habían quedado a medio construir-. Una decisión que, según los propios afectados, es extrapolable a todas las urbanizaciones afectadas.
Las dos instituciones tomaron decisiones que llevaron a la anulación de la licencia por la que se habían construido estos chalés en la localidad cántabra. Así lo considera la propia sentencia, que califica de «indudable» que ambas causaron el «resultado lesivo» y que, por tanto, las dos deberán asumir sus responsabilidades.
El alcalde de Arnuero, José Manuel Igual, acató ayer el fallo por mucho que suponga desestimar su último intento de exculpar al Ayuntamiento. La postura municipal siempre ha insistido en considerar que sólo se puede imputar a la Comisión Regional Urbanismo (CRU) por la construcción irregular de las viviendas, ya que este fue el órgano que clasificó indebidamente como urbano el suelo donde posteriormente se levantaría la urbanización.
En cualquier caso, el mandatario local subrayó que el fallo tampoco dice nada nuevo respecto a decisiones judiciales anteriores. «Básicamente lo que establece es que el Ayuntamiento no puede reclamar nada al Gobierno de Cantabria ni viceversa, por considerar a ambos como los verdaderos causantes del problema», señaló. El alto tribunal, además, subraya que deben ser los propios vecinos afectados los que reclamen las indemnizaciones correspondientes, «que es algo que ya realizaron en los juzgados y que lleva su tramitación correspondiente».
Permuta de viviendas
El hecho de que sea ésta la última instancia judicial a la que se podía recurrir deja «bien claro», a juicio del regidor, que ha llegado el momento de actuar «en consecuencia». «Eso es algo que ya hizo el Ayuntamiento hace más de un año cuando presentó su propuesta de permutar estas casas irregulares por otras que se construyan con toda la protección legal del mundo», subrayó Igual. El plan pasa por ceder suelo municipal al Gobierno de Cantabria para que edifique los nuevos inmuebles y, «cuando se les entreguen las llaves a los afectados, proceder al derribo de sus casas junto a la playa».
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), sin embargo, entiende que esta sentencia del Tribunal Supremo significa mucho más que un mero reparto de responsabilidades entre las dos instituciones públicas. «Nos da una mayor seguridad jurídica en la lucha que mantenemos por defender unas viviendas que compramos cuando eran legales y que luego fueron condenadas a la piqueta», subrayó su presidente, Antonio Vilela.
Aunque, para ellos, la garantía definitiva la tiene en su mano el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que debe dar luz verde al Plan de Actuación para las Sentencias de Derribo auspiciado desde el Gobierno regional. Este documento, según explicó Vilela, recoge la solución propuesta por el alcalde de Arnuero y otras similares para el resto de urbanizaciones declaradas ilegales. El problema es que, aunque fue aprobado por unanimidad en el Parlamento cántabro antes del verano, todavía no ha entrado en vigor. «Los jueces ya recibieron toda la información adicional solicitada, pero desde el 31 de julio no han tomado ninguna decisión al respecto, a pesar de que hay 256 viviendas sobre las que se ha dictado orden inmediata de derribo, una ejecución que causaría daños irreparables para sus propietarios», alertó.
ABC
El Diario Montañés 3-11-09
ARNUERO
En el litigio se dilucidan sólo los costes materiales de las obras que deben hacerse Deja claro que ambas partes tienen una responsabilidad solidaria en los daños a terceros
El Tribunal Supremo ha desestimado la demanda del Ayuntamiento de Arnuero para que el Gobierno cántabro pagara las obras necesarias para cumplir la sentencia de derribo de los apartamentos de La Arena, con independencia de que ambas partes puedan tener una responsabilidad solidaria en los daños a terceros.
El Supremo corrige así la sentencia dictada en 2005 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que entendió que las dos administraciones debían compartir al 50 por ciento los gastos de demolición de esos pisos, cifrados entonces en 29.804 euros de redacción de proyecto y un millón en trabajos de derribo.
Sólo la obra
En este litigio, se dilucidan sólo los costes materiales de la obra, ya que las indemnizaciones que reclaman los propietarios de los apartamentos tanto al Gobierno de Cantabria como al Ayuntamiento se tramitan en un recurso separado, fallado en la misma fecha por el TSJC, pero sobre cual el Supremo todavía no ha emitido sentencia.
El TS subraya que, en este caso concreto, no se están examinando las responsabilidades frente a terceros, sino una reclamación de una administración contra otra, por lo que considera que el TSJC cometió una incongruencia al establecer un reparto del 50 por ciento que ninguna de las dos partes había planteado durante el pleito.
Sin embargo, ya adelanta su convencimiento de que «no se discute el carácter solidario de la responsabilidad de las dos administraciones» frente a las demandas de terceros, porque entiende que el Gobierno y el Ayuntamiento «concurrieron» con sus respectivas decisiones a que se concediera una licencia de construcción ilegal.
En el caso de las reclamaciones de los propietarios, el TSJC sentenció en 2005 que sólo se pagarán indemnizaciones por los daños ciertos causados hasta la fecha -los morales, porque la pérdida de la casa todavía no se ha producido- y que el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Arnuero debían abonar la mitad cada uno.
En el asunto que ahora resuelve definitivamente el Supremo, el Ayuntamiento demandaba que la comunidad autónoma afrontara en solitario los gastos por la demolición de los apartamentos, alegando que el perjuicio ocasionado sólo se podía imputar a la Comisión Regional Urbanismo (CRU), porque fue el órgano que clasificó indebidamente como urbano el suelo donde se ejecutaron las casas.
El Consistorio argumentaba que, aunque en principio el municipio clasificó como urbano los terrenos de La Arena, un mes después, al aprobar provisionalmente las normas subsidiarias de planeamiento, calificó ese suelo como apto para urbanizar.
El Ayuntamiento resaltaba que, cuando aprobó el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, la CRU ya conocía que el criterio municipal en relación a los terrenos de La Arena había cambiado y, por eso, defendía que debería ser el Gobierno el único responsable de los daños por la anulación de la licencia.
Pero la Sala de lo Contencioso del TS no comparte esa tesis y determina que la anulación de la licencia de La Arena también tuvo origen en la actuación del propio Consistorio, que participó en los trámites que dieron lugar a lo sucedido y «no queda exonerado» por la concurrencia de otra administración en todo este proceso.
El Tribunal Supremo recuerda que, cuando otorgó la licencia, el Ayuntamiento conocía esa indebida clasificación de los terrenos y, pese a ello, concedió el permiso sin formular «ningún reparo» ni emprender ninguna actividad que impidiera las obras.
«El propio Ayuntamiento procedió a conceder la licencia conociendo esas mismas circunstancias, que después determinaron su ilegalidad, sin que a pesar de ello adoptara prevención alguna en su mano para corregir la situación», recalca el fallo.
El Supremo dictamina que la obligación que tiene el Ayuntamiento de «responder de los daños y perjuicios sufridos, que se identifican con los gastos de demolición reclamados o realizados en sustitución de los terceros perjudicados en la cuota que en su caso se determine (…), tiene su causa en la propia actuación de la Administración reclamante, sin cuya participación no le sería exigible responsabilidad alguna».
Y añade que el Ayuntamiento «no queda exonerado» de esa responsabilidad «por la concurrencia a la producción del resultado lesivo de otra Administración pública».
El alcalde de Arnuero, José Manuel Igual (PP), dijo ayer que la sentencia del Supremo» no cambia en nada las cosas». Según su punto de vista, «es más de lo mismo. Nada Nuevo. Lo único que añade es la afirmaciónde de que el Ayuntamiento y el Gobierno no deben pleiterar entre ellos porque son corresponsables. No deben hacerlo las adminsitraciones, sino los terceros, en este caso los afectados».
En opinión del alcalde de Arnuero, esta sentencia es el resultado de que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno recurrieron en su día «la dictada por el Tribunal Superior de Jusiticia de Cantabria que hablana de que éramos responsables ambos».
Según Igual, ahora lo único importante es que se apruebe el plan elaborado por los ayuntamientos afectados y el Gobierno de Cantabria.
02-11-2009 / 17:50 h
(Cantabria) ECONOMIA,SECTORES-EMPRESAS,CONSTRUCCION-INMOBILIARIO
AMA cree que el fallo del Supremo es “un paso para aclarar responsabilidades”
Santander, 2 nov (EFE).- La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha dicho hoy que la sentencia del Tribunal Supremo que confirma que el Gobierno y el Ayuntamiento de Arnuero deben pagar los daños que genere la demolición de los apartamentos de La Arena es “un paso para aclarar las responsabilidades”.
El portavoz de AMA, Antonio Vilela, ha señalado a Efe que este colectivo, que agrupa a gran parte de los afectados por las sentencias de derribo en Cantabria, entiende que la sentencia del Tribunal Supremo es “positiva”, ya que constata la responsabilidad de esas dos administraciones: Gobierno regional y Ayuntamiento.
Vilela ha confiado así en que se pueda llegar a una solución para las familias que son propietarias de casas con órdenes de derribo, para que “no sigan pagando sin tener culpa”.
Este representante de AMA ha manifestado su deseo de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) “dé el visto bueno” al plan que realizó el Ejecutivo regional sobre las viviendas con sentencias firmes de demolición, como “un mal menor” ante la situación de sus propietarios. EFE-Cantabria
