AL BORDE DEL PRECIPICIO
Algo grave pasa en Cantabria, para que la Administración este constantemente en los medios de comunicación por el hecho de ser condenada por la justicia.
En estos últimos días, otras dos sentencias como la depuradora de Vuelta Ostreta y la Estación de Esquí de San Glorio han vuelto a poner de actualidad a nuestra Administración negativamente y van…
Desgraciadamente algo que tenía que poner en alerta a los poderes públicos, cuando se da con tanta frecuencia pasa a considerarse como algo normal, propio de paisaje de nuestra Comunidad.
Pero pueden los ciudadanos vivir con esta inseguridad jurídica, donde los garantes de normas son los primeros en incumplirlas, qué valor moral tienen luego para ejercer su poder coercitivo para que los demás las respetemos.
Uno se puede acostumbrar vivir al borde del precipito, pero no por ello el riesgo es menor, la Administración de Cantabria lleva demasiados años viviendo al borde de ese precipicio y con ello los ciudadanos soportamos una inseguridad jurídica que no es admisible.
Cuando la Administración y dentro de ella sobre todo el Gobierno de Cantabria es condenado, ni más ni menos, que por daños morales a sus ciudadanos, algo verdaderamente grave esta ocurriendo.
Pero no se crean que se ha pedido excusas y se ha abonado lo fijado en las sentencias, no, se intenta dilatar por todos los medios los procesos presentando recurso, tras recurso todo ello antes de hacer justicia con los ciudadanos que han maltratado.
Cuando la administración no realiza su función aparecen otros que ocupan su puesto, así durante mucho tiempo en nuestra comunidad grupos organizados son los que acaban decidiendo cómo, cuándo y dónde se hace una carretera, las viviendas, donde se ponen las Depuradoras, los Polideportivos, y no hablemos del tema medioambiental eso daría para escribir un libro.
En lugar de legislar el Parlamento y ejecutar el Gobierno aparecen esos grupos de presión que ante la debilidad de las administraciones son el gobierno o el parlamento en la sombra que escapa a los controles democráticos. Ellos nunca pasan por las urnas.
Cada sentencia de derribo, cada sentencia que condena a la Administración tiene que tener un responsable, no puede ser que las sentencias vayan cayendo una tras otra en nuestra comunidad y nunca pase nada y nunca haya ningún responsable ese déficit democrático que al final lo acabamos pagando todos.
¿Cuánto nos van a costar las indemnizaciones en el caso de las sentencias de derribos de las viviendas de familias inocentes, de la Depuradora de Vuelta Ostrera, del Polideportivo Peru Zaballa,… ¿Por qué tiene que pagar el coste el agricultor de Liébana o el pescador de Santoña, o tu amigo lector?, cuando los culpables son el Gobierno y los Ayuntamientos.
¿Por qué?
