REGION
«Hay políticos que nos dicen en privado que les da vergüenza»
Este vecino de Argoños preside el colectivo que agrupa a 2.569 personas afectadas por las 23 sentencias de derribo de viviendas en Cantabria
18.01.08 –
Antonio Vilela recuerda que los afectados son inocentes y están sufriendo «una tortura». / CELEDONIO
El Parlamento de Cantabria aprobó recientemente, por unanimidad, instar al Gobierno a que establezca un plan que de solución, «en el plazo más breve posible y en la medida de lo legalmente viable», a los problemas planteados por las sentencias de derribo de casi 600 viviendas en la región, teniendo en cuenta la situación de los afectados. Para Antonio Vilela Fernández, presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), esta es la «puerta abierta» que se necesitaba para poner fin a «una historia de injusticia y corrupción en Cantabria». Antonio Vilera lidera la asociación de afectados que, desde hace una década y sin haber cometido ilegalidad alguna, padece las consecuencias de 23 sentencias de derribo de urbanizaciones situadas en Arnuero, Argoños, Escalante, Miengo y Piélagos. Antonio Vilela tiene 49 años, está casado y tiene una hija. Reside en Argoños y es técnico en Recursos Humanos.
-¿Quiénes son los culpables de esta situación?
-Según las 23 sentencias, los culpables son el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos implicados. Nunca entenderemos que haya más de mil viviendas ilegales y ningún procesado. Hay políticos que nos han reconocido en privado que esta situación les da vergüenza. El propio Revilla ha manifestado que se ponía en nuestro lugar y que nosotros no tenemos culpa de nada. Este Gobierno tiene una deuda moral e histórica con estas más de mil familias y tiene que dar una solución ya. Lo que no puede hacer es maltratarnos más, llegando incluso a recurrir hasta las indemnizaciones por daños morales.
-¿Y cuál es la solución?
-La solución pasa por el reciente acuerdo del Parlamento de Cantabria, que para nosotros es el primer acto de reconocimiento público de una institución y estamos orgullosos de que haya sido por unanimidad. He visto llorar a la gente cuando leímos la resolución del Parlamento. Espero que esa puerta abierta por el Parlamento, una solución legal y rápida, haga que los culpables y la Justicia tengan la sensibilidad suficiente para acabar con una historia de injusticia y corrupción que nunca debió existir en Cantabria.
-¿La solución es la legalización de las viviendas?
-El artículo 139 de la Constitución Española dice que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional. Sin embargo, el número de viviendas legalizadas en los últimos cinco años supera las 15.000 y actualmente están en trámite de legalización más de 25.000, pero ninguna en Cantabria. Nosotros seguimos con la mano tendida, apostando por el diálogo para construir una región más justa y tenemos el mismo objetivo que el Parlamento: una solución legal para todos. Sólo pedimos vivir en nuestras casas, compradas legalmente. Hasta el Defensor del Pueblo nos ha mostrado su apoyo.
-Pero hay muchos que piden el derribo…
-¿Cómo se puede sacar a licitación el derribo de la vivienda de una familia que la ha comprado legalmente y echarla a la calle? Esto es de locos y está ocurriendo. Muchos piden el derribo porque no conocen bien el caso. Derribar tiene un coste social y económico muy importante para Cantabria. El coste total de los derribos y las indemnizaciones superaría los 234 millones de euros, 39.000 millones de las antiguas pesetas. Cada familia cántabra debería abonar 1.650 euros y habría ayuntamientos que quedarían en bancarrota durante décadas. Y no nos olvidemos de que la gran mayoría de las viviendas están en suelo urbano, es decir, son terrenos en los que se puede construir.
-Y hay otros que les acusan de llorones y de saber a qué se exponían al comprar las viviendas…
-La verdad es que nos sentimos ignorados, humillados y maltratados, como si nos hubieran apuñalado el alma en nuestra propia casa y encima aguantar que el asesino se queje de que le hemos manchado el cuchillo de sangre. Menos mal que somos un movimiento que milita en el pacifismo activo. Es una aberración hacer que las víctimas sufran las sanciones de los culpables.
-Todas las denuncias las presentó el grupo ecologista Arca. ¿Han hablado con ellos?
-Los dirigentes de Arca pecan de prepotencia, de soberbia. Han manifestado públicamente que actuaron maquiavélicamente para hacer el mayor daño posible y ahora no quieren saber nada de las víctimas ni de sus demandas. Algo muy grave y muy oscuro está ocurriendo en Cantabria para que la gente tenga que preguntar a Arca dónde puede construir o dónde puede comprar su vivienda. No entiendo por qué podemos hablar con los responsables del Gobierno, los ayuntamientos o la Justicia y, sin embargo, Arca no quiere saber nada de los afectados. Nosotros apostamos por el diálogo y ellos, sin duda, pagarán por sus errores. Creemos que se puede ser un buen ecologista y no hacer daño a familias inocentes.
-¿Qué les han dicho los responsables de la Justicia?
-Cantabria acaba de asumir las competencias de Justicia y eso puede facilitar una solución a nuestro problema. Las iniciativas del presidente y la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para que no se repitan situaciones tan lamentables como la nuestra, mediante la toma de medidas cautelares, nos parecen muy positivas y las deseamos el éxito que merecen.
-Para ustedes tiene que ser una auténtica tortura…
-Tenemos personas que están soportando una gran presión y están en tratamiento médico. Se te pone la carne de gallina cuando lees los informes de los psicólogos y psiquiatras. Convivir con ellos es bajar al mundo de la depresión, de la desesperación. Pensar que te pueden derribar la vivienda es una tortura constante y tremendamente injusta. Tengo miedo de lo que pueda hacer alguna persona desesperada que piensa que lo ha perdido todo.
-Supongo que AMA agrupa a todo tipo de personas…
-Ahora somos 2.569 socios. Nuestra media de edad supera los 50 años. La mayoría son abuelos y abuelas que nunca merecieron ser maltratados, después de toda una vida trabajando. El pasado 1 de octubre murió a los 48 años Daniel Paternain, nuestro responsable de comunicación y gran amigo.
-¿Qué programa de movilizaciones tienen para este año?
-Tenemos previsto hacer nuestras marchas anuales, tanto en tren como andando, hasta las instituciones, así como encerrarnos en los ayuntamientos e incluso hacer huelgas de hambre. También queremos editar un libro contando nuestra historia y poner en marcha una emisora de radio. Seguiremos pidiendo justicia.
-¿Quiénes son los culpables de esta situación?
-Según las 23 sentencias, los culpables son el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos implicados. Nunca entenderemos que haya más de mil viviendas ilegales y ningún procesado. Hay políticos que nos han reconocido en privado que esta situación les da vergüenza. El propio Revilla ha manifestado que se ponía en nuestro lugar y que nosotros no tenemos culpa de nada. Este Gobierno tiene una deuda moral e histórica con estas más de mil familias y tiene que dar una solución ya. Lo que no puede hacer es maltratarnos más, llegando incluso a recurrir hasta las indemnizaciones por daños morales.
-¿Y cuál es la solución?
-La solución pasa por el reciente acuerdo del Parlamento de Cantabria, que para nosotros es el primer acto de reconocimiento público de una institución y estamos orgullosos de que haya sido por unanimidad. He visto llorar a la gente cuando leímos la resolución del Parlamento. Espero que esa puerta abierta por el Parlamento, una solución legal y rápida, haga que los culpables y la Justicia tengan la sensibilidad suficiente para acabar con una historia de injusticia y corrupción que nunca debió existir en Cantabria.
-¿La solución es la legalización de las viviendas?
-El artículo 139 de la Constitución Española dice que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional. Sin embargo, el número de viviendas legalizadas en los últimos cinco años supera las 15.000 y actualmente están en trámite de legalización más de 25.000, pero ninguna en Cantabria. Nosotros seguimos con la mano tendida, apostando por el diálogo para construir una región más justa y tenemos el mismo objetivo que el Parlamento: una solución legal para todos. Sólo pedimos vivir en nuestras casas, compradas legalmente. Hasta el Defensor del Pueblo nos ha mostrado su apoyo.
-Pero hay muchos que piden el derribo…
-¿Cómo se puede sacar a licitación el derribo de la vivienda de una familia que la ha comprado legalmente y echarla a la calle? Esto es de locos y está ocurriendo. Muchos piden el derribo porque no conocen bien el caso. Derribar tiene un coste social y económico muy importante para Cantabria. El coste total de los derribos y las indemnizaciones superaría los 234 millones de euros, 39.000 millones de las antiguas pesetas. Cada familia cántabra debería abonar 1.650 euros y habría ayuntamientos que quedarían en bancarrota durante décadas. Y no nos olvidemos de que la gran mayoría de las viviendas están en suelo urbano, es decir, son terrenos en los que se puede construir.
-Y hay otros que les acusan de llorones y de saber a qué se exponían al comprar las viviendas…
-La verdad es que nos sentimos ignorados, humillados y maltratados, como si nos hubieran apuñalado el alma en nuestra propia casa y encima aguantar que el asesino se queje de que le hemos manchado el cuchillo de sangre. Menos mal que somos un movimiento que milita en el pacifismo activo. Es una aberración hacer que las víctimas sufran las sanciones de los culpables.
-Todas las denuncias las presentó el grupo ecologista Arca. ¿Han hablado con ellos?
-Los dirigentes de Arca pecan de prepotencia, de soberbia. Han manifestado públicamente que actuaron maquiavélicamente para hacer el mayor daño posible y ahora no quieren saber nada de las víctimas ni de sus demandas. Algo muy grave y muy oscuro está ocurriendo en Cantabria para que la gente tenga que preguntar a Arca dónde puede construir o dónde puede comprar su vivienda. No entiendo por qué podemos hablar con los responsables del Gobierno, los ayuntamientos o la Justicia y, sin embargo, Arca no quiere saber nada de los afectados. Nosotros apostamos por el diálogo y ellos, sin duda, pagarán por sus errores. Creemos que se puede ser un buen ecologista y no hacer daño a familias inocentes.
-¿Qué les han dicho los responsables de la Justicia?
-Cantabria acaba de asumir las competencias de Justicia y eso puede facilitar una solución a nuestro problema. Las iniciativas del presidente y la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para que no se repitan situaciones tan lamentables como la nuestra, mediante la toma de medidas cautelares, nos parecen muy positivas y las deseamos el éxito que merecen.
-Para ustedes tiene que ser una auténtica tortura…
-Tenemos personas que están soportando una gran presión y están en tratamiento médico. Se te pone la carne de gallina cuando lees los informes de los psicólogos y psiquiatras. Convivir con ellos es bajar al mundo de la depresión, de la desesperación. Pensar que te pueden derribar la vivienda es una tortura constante y tremendamente injusta. Tengo miedo de lo que pueda hacer alguna persona desesperada que piensa que lo ha perdido todo.
-Supongo que AMA agrupa a todo tipo de personas…
-Ahora somos 2.569 socios. Nuestra media de edad supera los 50 años. La mayoría son abuelos y abuelas que nunca merecieron ser maltratados, después de toda una vida trabajando. El pasado 1 de octubre murió a los 48 años Daniel Paternain, nuestro responsable de comunicación y gran amigo.
-¿Qué programa de movilizaciones tienen para este año?
-Tenemos previsto hacer nuestras marchas anuales, tanto en tren como andando, hasta las instituciones, así como encerrarnos en los ayuntamientos e incluso hacer huelgas de hambre. También queremos editar un libro contando nuestra historia y poner en marcha una emisora de radio. Seguiremos pidiendo justicia.
