Hay días en los que uno no esta para nada, esos días tontos donde una décimas de fiebre fruto de una gripe incipiente te hacen vivir como en una pequeña nebulosa, donde pareces estar mucho más sensible a cualquier noticia, aunque sea en Australia suena como reproche en tu alcoba, donde el efecto mariposa se manifiesta en todo su esplendor.
Por ello que cuando he leído el artículo de Natalia Junquera, la vedad es que me ha tocado y casi hundido, después de la resolución unánime del Parlamento de Cantabria pidiendo un solución legal para la víctimas de las sentencias de derribo, esperábamos que cuando se escribiera sobre nosotros se tuviera en cuenta que somos eso víctimas, que no lo decimos nosotros, lo dicen los tribunales en sus sentencias y lo dice por unanimidad el Parlamento de Cantabria.
Pero no la realidad es que primero el artículo del Sr. Pérez Jorrín, donde todavía no soy capaz de saber que quería este señor, el Parlamento pide una solución legal y a él le parece una mala decisión, quizás quería que pidiera una solución ilegal, en fin agua que pasada no mueve molino.
Ahora el artículo de Natalia Junquera en el País donde pide que actúe la piqueta contra nuestros hogares en artículo de opinión disfrazado de noticia.
Lo de Natalia duele y mucho, por que es alguien que nos conoce, y a la que apreciamos, que sabe lo que estamos sufriendo, ha estado en nuestras concentraciones, nos ha escuchado, ha visto llorar a nuestras madres y por ello que difícil es entender lo que ha movido a Natalia para escribir este artículo.
Pensar que estuvo durante más de una hora, viendo con sus ojos como un pequeño grupo de vecinos de las Llamas I se manifestaban, ya que los jueces mandaban derribar sus viviendas en contra de toda lógica.
Las Llamas I es una urbanización de 19 vecinos situado en terreno urbano, donde quieren derribar esas viviendas para luego construir 21, como aparece en el Plan General de Ordenación Urbana de Argoños. y esto pasa con 80% de las vivienda dado que las mismas están en suelo urbano.
Que pena Natalia, tú nos atacas donde más nos duele, haces un artículo pidiendo el derribo de nuestras viviendas y en el mismo hablas con el demandante ARCA que por cierto, ha reconocido publicadamente que actúo maquiavélicamente para producir el mayor daño posible, hablas con el Gobierno de Cantabria condenado por daños morales a los víctimas de las sentencias de derribo y sin embargo no hablas con nosotros, no será porque no tienes nuestros teléfonos, ni porque no estemos a tu disposición cuando y como tu quieras.
Que pena Natalia, tu hablas de presión de que la piqueta no actúa, y todos esperábamos que te refirieras a la que llevamos padeciendo durante más de 10 años esperando el derribo de nuestras vivienda en cualquier momento, pero no, es la que hacemos nosotros para que nos derriben.
Esto es una locura, no somos culpables de nada, no estamos condenados por nada y si defendemos nuestras viviendas compradas legalmente nos dicen que realizamos presiones.
Cuando quieras te enseñamos las consecuencias de la presión de la piqueta sobre nuestras familias, los daños morales, las personas que tenemos en tratamiento psiquiátrico, la desesperación, nuestra depresión, nuestra sufrimiento día a día. y la lista nuestros muertos de aquellos que nunca ya podrán ver su vivienda legal.
Últimamente cada vez que realizamos algún tipo de acto empezamos con un minuto de silencia por los que se van bajando del tren de la vida. En octubre nuestro responsable de comunicaciones con 48 años, en noviembre el director del nuestro coro, en diciembre…
Probablemente se puede ser más injusto, pero entonces se tendrían que actuar con mala fe, y sinceramente me cuesta creer en el corazón de Natalia pueda crecer ese sentimiento.
Quizás todo sea producido por el efecto mariposa de esta gripe que atonta las neuronas y que, entre estornudo y tosido, hace de la pequeña critica una puñalada trapera, de la opinión agravio, quizás Natalia sólo quería poner de manifiesto que el Gobierno y ARCA tienen que buscar un solución legal (como dice el Parlamento) para tanta buena gente inocente que no se merece ni los disgustos de leer algunos artículos.
Espero, que una vez se me hayan pasado estos los efectos turbadores, poder leer, que los culpables y los responsables reciban las críticas y las víctimas el apoyo que se merecen.
El PAIS
La piqueta de la justicia no funciona
El Gobierno cántabro se ve incapaz de ejecutar las sentencias de demolición
NATALIA JUNQUERA - Madrid – 09/01/2008
Es la comunidad del norte que más ha sufrido el urbanismo predador. Más de 500 viviendas con sentencias firmes de derribo son la prueba más contundente del daño causado por el ladrillo. Muchos parajes son ya irrecuperables. La reciente ley de protección del litoral se ha volcado en el futuro.
Es, con diferencia, la comunidad de la costa norte más castigada por el urbanismo salvaje. Algunos de sus municipios del litoral, como Castro Urdiales o Noja, poco tienen que envidiar al símbolo de la masificación y lugar de culto al hormigón que es Benidorm. El Plan de Ordenación del Litoral (POL) de 2004 estableció por primera vez en Cantabria unas reglas del juego sobre la mesa de los intereses inmobiliarios y puso fin a la locura. Pero para entonces el mal ya estaba hecho.
“Faltan medios para ser drástico. Nadie quiere tirar las casas”, dice un consejero
Los alcaldes han aplazado sus planes a la espera de ‘mejores tiempos’
Un pueblo de 1.500 habitantes acumula diez sentencias de derribo sin cumplir
El tribunal paró una urbanización por considerarla “una dentellada al monte”
El ladrillo ha enterrado para siempre hermosos parajes en la costa oriental, la que ya no tiene remedio, debido fundamentalmente a la presión turística, sobre todo del País Vasco, que ha sembrado el litoral cántabro de segundas residencias mientras conserva en buen estado su propia franja costera.
Porque el daño que causan los desmadres urbanísticos es, por naturaleza, irreversible, definitivo. Lo saben bien en esta comunidad que acumula más de 500 viviendas con sentencias firmes de derribo por incumplir todo tipo de normas medioambientales. Casi la mitad corresponden a Argoños, un municipio de menos 1.500 habitantes. Todas llevan años sin ejecutarse.
Los jueces han sido contundentes en Cantabria, y la administración, laxa. Algunas de las sentencias firmes de derribo se remontan al año 2000, pero las casas permanecen en pie y así seguirán mientras dure el tira y afloja entre la administración, los compradores de las viviendas y los ecologistas.
La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (Arca), la que ha llevado las urbanizaciones a los tribunales, reclama la inmediata ejecución de las sentencias y advierte de las consecuencias de seguir dilatando su cumplimiento: “Es un problema gravísimo.
Todo el Estado de derecho queda reducido a la nada si no se hacen valer las normas, si no se cumple el dictamen de un juez. La gente tiene la percepción de que levanta su casita en el medio de una playa y no pasa nada.
Al no ejecutar las sentencias, la administración lanza el mensaje de que se pueden legalizar. Y la administración no puede ampararse en las víctimas, que son sus víctimas, para no cumplir las normas. Las casas tienen que ser derribadas y los compradores indemnizados. Porque en realidad, las víctimas de una urbanización que destroza un paraje natural somos todos. Legalizarlas saldría mucho más caro”, explica José Ángel Herrera, vicepresidente de Arca.
El consejero de Urbanismo de Cantabria, José María Mazón, admite la presión de los afectados, no aclara si el Gobierno regional va a tomar alguna medida para forzar los derribos y, aunque asegura que “las sentencias están para cumplirlas”, contempla la “legalización de algunas” de las viviendas: “Los compradores son gente inocente, gente a la que hay que indemnizar y eso va a costar muchos millones. Además, nadie quiere demoler viviendas. Los tribunales lo exigen pero llevarlo a cabo no es nada fácil porque las empresas no quieren complicarse la vida por un derribo que tampoco les supone grandes ingresos. Faltan medios para poder ser drástico. Debería haber una agencia nacional para ejecutar las sentencias de derribo. Cuanto más cerca del problema estás, más difícil solucionarlo”.
Mientras, cerca de 2.000 afectados siguen viviendo en sus urbanizaciones moribundas, pagando sus hipotecas. Reunidos en la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) organizan todo tipo de actos -marchas de protesta, manifestaciones y hasta obras de teatro- buscando la solidaridad ciudadana y el desgaste de la administración. De momento, con éxito.
Los vecinos de los 144 chalés en la Playa de la Arena (Arnuero), levantados sobre un encinar protegido – “un gran bosque enteramente suyo, una ría para usted, una playa junto a su hogar”, anunciaba la promotora en 1991- son los que más cerca han estado de las excavadoras. En noviembre pasado llegó a haber una empresa adjudicada para la demolición de las viviendas, Erri Berri, pero tras ganar el concurso de derribo, comenzó a recibir cientos de cartas y llamadas telefónicas de los vecinos de la urbanización advirtiendo de las vidas que iban a destrozar si llevaban las máquinas a su puerta. Finalmente, Erri Berri desistió.
Pero por difícil que esté resultando hacer el borrón para empezar la cuenta nueva, la costa cántabra afronta el futuro con una potente herramienta de protección del entorno, el POL. “Nos ha dado mucha tranquilidad por sus dos frentes. Por un lado, protege el territorio y ha conseguido salvar lo que quedaba por salvar. Y por otro, establece unas normas de ordenamiento urbanístico para el futuro. Llegó a tiempo para paralizar más de 30 sectores urbanísticos volcados en primera línea de playa y ha conseguido que casi ningún ayuntamiento haya presentado planes de ordenación a la espera, supongo, de que lleguen tiempos mejores“, afirma Herrera.
“Antes del POL no había ningún instrumento jurídico para proteger la costa. Había mucho recelo a poner normas, pero la nueva ley no deja margen para las dudas. Está todo dibujado, por colores, dónde se puede construir, y dónde no. Las mejoras que ha traído el POL no se ven porque su objetivo es que no haya más aberraciones. Y efectivamente, desde septiembre de 2004, que es cuando lo aprobamos, no ha habido más sentencias de derribo”, afirma Miriam García, ex directora general de urbanismo de Cantabria y madre del POL.
Sólo se escapó un ayuntamiento, Piélagos, el municipio que se ha hecho célebre por su “dentellada al monte”, tal y como describieron los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) la urbanización de 400 viviendas que autorizó el consistorio en el Alto del Cuco, en el entorno del Monte de la Picota y junto al Parque Natural de Liencres. “En el tiempo que estuve trabajando como directora general de urbanismo es lo que más daño me ha hecho a la vista y es la espinita que me llevo clavada. El alcalde aprobó el plan parcial de la urbanización deprisa y corriendo para adelantarse a la aprobación del POL, y lo consiguió. Eso sí, haciendo oídos sordos a un informe desfavorable de Comisión Regional de Ordenación del Territorio y un requerimiento”, asegura García.
Las obras en Alto del Cuco están paradas cautelarmente. El TSJC anuló en abril del año pasado el plan parcial de la urbanización, incrustada en un monte rebanado para chalés con desniveles de hasta 17 metros y en un enclave muy expuesto visualmente desde el litoral. La promotora, Fadesa, ha recurrido ante el Supremo. Arca también ha recurrido todas las licencias de construcción para que las viviendas sean derribadas.
El Informe Destrucción a Toda Costa 2007 de Greenpeace sitúa hoy la principal amenaza en los puertos deportivos, “el auténtico punto negro de la política costera del ejecutivo cántabro” y cita cuatro ejemplos en Castro Urdiales, Laredo, Suances y San Vicente de la Barquera, todos proyectados “sin la más mínima sensibilidad ambiental”. La organización ecologista advierte también de la contaminación que provocan 24 municipios costeros carentes de sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Los temores de Arca vienen por otro lado. “Lo que realmente nos da miedo y por donde creemos que va a venir la amenaza en el futuro es lo que llaman Proyectos Singulares de Interés Regional, grandes complejos de ocio con hoteles, restaurantes, parques temáticos, auspiciados por el Gobierno autonómico mediante leyes ad hoc. Como en Los Monegros.
Los tiempos han cambiado, han mejorado”, asegura Herrera. “Ya no existe aquella figura del alcalde- promotor, el POL ha creado una disciplina urbanística y la sensibilidad social es mayor, pero ¿de qué sirven las leyes de protección del territorio si el Gobierno se reserva la posibilidad de ponerlo todo patas arriba para complacer a una iniciativa privada y crear unos cuantos puestos de trabajo?”.
