Fuente:Diario MontañesPalacio
aboga por «no dejar desamparados» a los afectados por sentencias de derribo 
Los representantes de AMA se reunieron ayer con Gorostiaga y Mazón
R. ALONSO/ AGENCIAS/SANTANDER
El presidente del Parlamento de Cantabria, Miguel Ángel Palacio, comprometió su ayuda a los miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) sobre cuyas casas pesan sentencias de derribo y afirmó que «lo que hace falta es hacer lo posible por no dejar desamparados a unas familias que resultaron gravemente perjudicados en aquellos años de desconcierto urbanístico». Palacio, que mantuvo ayer una reunión con una delegación de AMA, consideró que el Gobierno autónomo y cada uno de los Ayuntamientos con este problema tienen en sus manos los únicos resortes que caben para tratar de solucionar un problema «a todas luces, muy difícil y que no admite planteamientos simplistas».
La Asociación de Maltratados por la Administración, que ayer finalizó en Santander su tercera marcha en protesta por la corrupción urbanística, mostró su apoyo a la petición de la fiscal jefe de Cantabria, Pilar Martín Nájera, formulada al Fiscal General del Estado, para que se puedan paralizar las obras de aquellas construcciones que puedan ser ilegales.
El presidente de este colectivo, Antonio Vilela, añadió que esta iniciativa se debió tomar hace quince años cuando surgió el conflicto por la urbanización El Encinar, en Arnuero, y de esta manera «se hubiese evitado el sufrimiento de las familias y los otros casos de ilegalidad que luego se han producido».
Una delegación de este colectivo se reunió ayer con el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Palacio, quien se comprometió a reunirse con su homónimo en el Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, para intentar crear un grupo de trabajo y buscar una solución a su situación.
Reunión con Gorostiaga
La vicepresidenta regional, Dolores Gorostiaga, también recibió a los representantes de AMA. «Ha sido costoso, pero muy grato, y se ha comprometido a iniciar una vía de comunicación con el portavoz del PSOE en el Parlamento, Martín Berriolope, para estudiar una solución al problema», indicó Vilela.
La jornada de ayer también sirvió para celebrar la primera entrevista con el nuevo consejero de Urbanismo, José María Mazón,
La Asociación de Maltratados por la Administración, que ayer finalizó en Santander su tercera marcha en protesta por la corrupción urbanística, mostró su apoyo a la petición de la fiscal jefe de Cantabria, Pilar Martín Nájera, formulada al Fiscal General del Estado, para que se puedan paralizar las obras de aquellas construcciones que puedan ser ilegales.
El presidente de este colectivo, Antonio Vilela, añadió que esta iniciativa se debió tomar hace quince años cuando surgió el conflicto por la urbanización El Encinar, en Arnuero, y de esta manera «se hubiese evitado el sufrimiento de las familias y los otros casos de ilegalidad que luego se han producido».
Una delegación de este colectivo se reunió ayer con el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Palacio, quien se comprometió a reunirse con su homónimo en el Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, para intentar crear un grupo de trabajo y buscar una solución a su situación.
Reunión con Gorostiaga
La vicepresidenta regional, Dolores Gorostiaga, también recibió a los representantes de AMA. «Ha sido costoso, pero muy grato, y se ha comprometido a iniciar una vía de comunicación con el portavoz del PSOE en el Parlamento, Martín Berriolope, para estudiar una solución al problema», indicó Vilela.
La jornada de ayer también sirvió para celebrar la primera entrevista con el nuevo consejero de Urbanismo, José María Mazón,
con quien los representantes de los afectados por sentencias de derribo se volverán a reunir en septiembre, «dado que todavía no ha nombrado a su equipo de trabajo y todavía se está poniendo al día». En su entrevista con Mazón, Antonio Vilela le recordó que existen dos vías para legalizar las viviendas: la primera, por medio de la redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbana y la segunda, a través de la figura de los aprovechamientos urbanísticos.
Gran respaldo
Antonio Vilela, presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), destacó ayer la «ilusión» de la entidad por el «gran respaldo» recibido en la marcha de este fin de semana en protesta por la corrupción urbanística, aunque se han obtenido «muchas promesas» que todavía se tienen «que reflejar en soluciones reales», indicó.
Vilela señaló que en estos años AMA «ya ha escuchado muchas promesas», por lo que la asociación no espera que la solución a las viviendas con sentencias de derribo llegue «a concretarse» en un futuro próximo. «Lo de confiar (en ello) ya no; llevamos muchos años, hemos visto muchas cosas y muchas promesas», apostilló.
No obstante, destacó que sí se percibe «una sensibilidad» por parte de diversas instituciones (ayuntamientos, Parlamento, Gobierno regional y sectores de la Administración de Justicia), que «genera ilusión» sobre la posibilidad «de que esta injusticia se pueda acabar».
La marcha, que según Vilela ha contado con un «gran apoyo», partió el domingo de Argoños y, tras hacer noche en Ribamontán al Mar, llegó a Santander en la mañana de ayer.
Como conclusión, el presidente de la AMA declaró que la respuesta a esta marcha ha sido muy importante, incluso han participado personas con 86 años y algunos se han desplazado desde Valladolid en el día para estar presentes y añadió que «espero que el esfuerzo tenga la recompensa que se merece».
Gran respaldo
Antonio Vilela, presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), destacó ayer la «ilusión» de la entidad por el «gran respaldo» recibido en la marcha de este fin de semana en protesta por la corrupción urbanística, aunque se han obtenido «muchas promesas» que todavía se tienen «que reflejar en soluciones reales», indicó.
Vilela señaló que en estos años AMA «ya ha escuchado muchas promesas», por lo que la asociación no espera que la solución a las viviendas con sentencias de derribo llegue «a concretarse» en un futuro próximo. «Lo de confiar (en ello) ya no; llevamos muchos años, hemos visto muchas cosas y muchas promesas», apostilló.
No obstante, destacó que sí se percibe «una sensibilidad» por parte de diversas instituciones (ayuntamientos, Parlamento, Gobierno regional y sectores de la Administración de Justicia), que «genera ilusión» sobre la posibilidad «de que esta injusticia se pueda acabar».
La marcha, que según Vilela ha contado con un «gran apoyo», partió el domingo de Argoños y, tras hacer noche en Ribamontán al Mar, llegó a Santander en la mañana de ayer.
Como conclusión, el presidente de la AMA declaró que la respuesta a esta marcha ha sido muy importante, incluso han participado personas con 86 años y algunos se han desplazado desde Valladolid en el día para estar presentes y añadió que «espero que el esfuerzo tenga la recompensa que se merece».
Fuente: El Correo
Los afectados por los derribos en Cantabria exigen «menos gestos y más medidas institucionales»
Homenajearon a 3 fallecidos «que ya no verán que será de sus casas» en una marcha hasta Santander para exigir una solución «definitiva»
JOSÉ DOMÍNGUEZ
Están cansados de palabras y palmaditas en la espalda. Quieren que las instituciones se dejen de promesas y den los pasos para garantizar que sus viviendas no sean derribadas. Más de 300 miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) finalizaron ayer en la capital de Cantabria una marcha de dos días para exigir la solución definitiva a un problema que, desde hace más de una década, afecta a 4.000 personas. Entre ellos los tres propietarios fallecidos en el último año de litigio, que fueron homenajeados en el recorrido porque «ellos ya no verán que será de sus casas».
Los 40 kilómetros a pie entre Argoños y Santander han supuesto una dura prueba física para los participantes en la marcha. «Muchos tienen ya una edad avanzada e incluso nos ha acompañado una persona en silla de ruedas», reconocía el presidente de la agrupación, Antonio Vilela. Pero, por encima del agotamiento, los afectados por los derribos se confesaban «tocados moralmente» con la «eternización» del proceso.
Tras años de esfuerzos, han removido los cimientos de las administraciones. Pero la realidad es que, a pesar de todo, cada día está más cerca la amenaza de la piqueta. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ya ha ordenado que 22 casas en Arnuero y 20 en Argoños sean reducidas a escombros. Casi otro medio millar espera sentencias similares.
Ayer representantes de AMA se reunieron con el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Palacio. Le propusieron crear una comisión mixta entre los ayuntamientos afectados, el Gobierno de Cantabria y la propia cámara regional. «Aunque no debe ser posible, se ha comprometido a reunirse con Miguel Ángel Revilla para buscar alternativas», explicó Vilela.
Contactos en septiembre
La asociación estuvo con la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Dolores Gorostiaga, y con el consejero de Vivienda, José María Mazón. Ambos emplazaron a los vecinos a retomar los contactos en septiembre. Entonces analizarán juntos las vías de solución. Entre ellas, el dirigente de Urbanismo retomó la idea de estudiar los aprovechamientos urbanísticos de los planeamientos de los pueblos afectados. «Eso está muy bien, pero necesita el respaldo financiero suficiente», matizaron desde AMA
Los 40 kilómetros a pie entre Argoños y Santander han supuesto una dura prueba física para los participantes en la marcha. «Muchos tienen ya una edad avanzada e incluso nos ha acompañado una persona en silla de ruedas», reconocía el presidente de la agrupación, Antonio Vilela. Pero, por encima del agotamiento, los afectados por los derribos se confesaban «tocados moralmente» con la «eternización» del proceso.
Tras años de esfuerzos, han removido los cimientos de las administraciones. Pero la realidad es que, a pesar de todo, cada día está más cerca la amenaza de la piqueta. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ya ha ordenado que 22 casas en Arnuero y 20 en Argoños sean reducidas a escombros. Casi otro medio millar espera sentencias similares.
Ayer representantes de AMA se reunieron con el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Palacio. Le propusieron crear una comisión mixta entre los ayuntamientos afectados, el Gobierno de Cantabria y la propia cámara regional. «Aunque no debe ser posible, se ha comprometido a reunirse con Miguel Ángel Revilla para buscar alternativas», explicó Vilela.
Contactos en septiembre
La asociación estuvo con la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Dolores Gorostiaga, y con el consejero de Vivienda, José María Mazón. Ambos emplazaron a los vecinos a retomar los contactos en septiembre. Entonces analizarán juntos las vías de solución. Entre ellas, el dirigente de Urbanismo retomó la idea de estudiar los aprovechamientos urbanísticos de los planeamientos de los pueblos afectados. «Eso está muy bien, pero necesita el respaldo financiero suficiente», matizaron desde AMA
Están cansados de palabras y palmaditas en la espalda. Quieren que las instituciones se dejen de promesas y den los pasos para garantizar que sus viviendas no sean derribadas. Más de 300 miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) finalizaron ayer en la capital de Cantabria una marcha de dos días para exigir la solución definitiva a un problema que, desde hace más de una década, afecta a 4.000 personas. Entre ellos los tres propietarios fallecidos en el último año de litigio, que fueron homenajeados en el recorrido porque «ellos ya no verán que será de sus casas».
Los 40 kilómetros a pie entre Argoños y Santander han supuesto una dura prueba física para los participantes en la marcha. «Muchos tienen ya una edad avanzada e incluso nos ha acompañado una persona en silla de ruedas», reconocía el presidente de la agrupación, Antonio Vilela. Pero, por encima del agotamiento, los afectados por los derribos se confesaban «tocados moralmente» con la «eternización» del proceso.
Tras años de esfuerzos, han removido los cimientos de las administraciones. Pero la realidad es que, a pesar de todo, cada día está más cerca la amenaza de la piqueta. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ya ha ordenado que 22 casas en Arnuero y 20 en Argoños sean reducidas a escombros. Casi otro medio millar espera sentencias similares.
Ayer representantes de AMA se reunieron con el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Palacio. Le propusieron crear una comisión mixta entre los ayuntamientos afectados, el Gobierno de Cantabria y la propia cámara regional. «Aunque no debe ser posible, se ha comprometido a reunirse con Miguel Ángel Revilla para buscar alternativas», explicó Vilela.
Contactos en septiembre
La asociación estuvo con la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Dolores Gorostiaga, y con el consejero de Vivienda, José María Mazón. Ambos emplazaron a los vecinos a retomar los contactos en septiembre. Entonces analizarán juntos las vías de solución. Entre ellas, el dirigente de Urbanismo retomó la idea de estudiar los aprovechamientos urbanísticos de los planeamientos de los pueblos afectados. «Eso está muy bien, pero necesita el respaldo financiero suficiente», matizaron desde AMA
Los 40 kilómetros a pie entre Argoños y Santander han supuesto una dura prueba física para los participantes en la marcha. «Muchos tienen ya una edad avanzada e incluso nos ha acompañado una persona en silla de ruedas», reconocía el presidente de la agrupación, Antonio Vilela. Pero, por encima del agotamiento, los afectados por los derribos se confesaban «tocados moralmente» con la «eternización» del proceso.
Tras años de esfuerzos, han removido los cimientos de las administraciones. Pero la realidad es que, a pesar de todo, cada día está más cerca la amenaza de la piqueta. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ya ha ordenado que 22 casas en Arnuero y 20 en Argoños sean reducidas a escombros. Casi otro medio millar espera sentencias similares.
Ayer representantes de AMA se reunieron con el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Palacio. Le propusieron crear una comisión mixta entre los ayuntamientos afectados, el Gobierno de Cantabria y la propia cámara regional. «Aunque no debe ser posible, se ha comprometido a reunirse con Miguel Ángel Revilla para buscar alternativas», explicó Vilela.
Contactos en septiembre
La asociación estuvo con la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Dolores Gorostiaga, y con el consejero de Vivienda, José María Mazón. Ambos emplazaron a los vecinos a retomar los contactos en septiembre. Entonces analizarán juntos las vías de solución. Entre ellas, el dirigente de Urbanismo retomó la idea de estudiar los aprovechamientos urbanísticos de los planeamientos de los pueblos afectados. «Eso está muy bien, pero necesita el respaldo financiero suficiente», matizaron desde AMA
